En los pasillos del Palacio de Tribunales, la conversación ya no se centra solo en fallos y alegatos. El eco de los chats filtrados, en los que participaron ministros de cortes y magistrados de alto rango, aún resuena como un golpe a la credibilidad del Poder Judicial. Fue esa herida la que obligó a acelerar la discusión de un primer Código de Ética de los Jueces, un documento que busca recomponer una imagen resquebrajada por la sospecha pública.

El borrador, presentado recientemente, habla de probidad, imparcialidad, independencia e integridad. Valores que, en el papel, parecen incuestionables, pero que en la práctica hoy se ponen bajo la lupa. La consigna que resume el espíritu del texto es clara: “No basta con ser, también hay que parecer”. Una frase que, para algunos jueces, refleja el peso de vivir no solo bajo el escrutinio jurídico, sino también bajo la mirada permanente de la opinión pública.

El documento apunta tanto a la conducta profesional como a la vida privada de los magistrados, recordándoles que su rol trasciende la sala de audiencias. No se trata solo de dictar sentencia, sino de evitar situaciones que puedan sembrar dudas sobre su independencia. En otras palabras, lo que hagan fuera del estrado también importa.

Pero la iniciativa no está exenta de críticas. Entre los propios juristas surgen preguntas incómodas: ¿de qué sirve un código si no hay sanciones claras?, ¿qué órgano fiscalizará las faltas éticas?, ¿cómo se evitará que quede en letra muerta? Para algunos, la medida es un gesto necesario pero insuficiente; para otros, es la oportunidad de modernizar la institucionalidad judicial.

Lo cierto es que el Poder Judicial enfrenta un momento decisivo. La Corte Suprema deberá revisar el borrador y definir su implementación. En paralelo, los jueces saben que la sociedad observa con atención. Porque más allá de las normas escritas, lo que está en juego es la confianza ciudadana en quienes administran justicia.

La pregunta, entonces, no es si habrá un código, sino si este será capaz de marcar un antes y un después en la relación entre jueces y ciudadanía. Un desafío que no se resuelve con discursos, sino con hechos que devuelvan la certeza de que la justicia es, y también parece, justa.