El reciente intento de reos por quemar vivos a dos imputados en el Centro Penitenciario Santiago 1, en un módulo catalogado como de “alta seguridad”, volvió a tensionar al sistema penal chileno.

El hecho abrió dudas de fondo: si hechos de esta magnitud ocurren en espacios que deberían ser los más controlados, ¿qué tan preparada está la infraestructura penal en regiones como el Biobío?

Aunque el Estado establece normativamente la existencia de los Recintos Especiales Penitenciarios de Alta Seguridad (REPAS) a través del Decreto Supremo n.º 90 de 2024, aún no existen glosas ni disposiciones públicas que detallen sus alcances. Tampoco se especifican los criterios técnicos o estructurales que —en la práctica— deben cumplir los módulos de alta o máxima seguridad dentro de los establecimientos penitenciarios.

Citando la información encontrada, el sistema penitenciario chileno distingue solo esta figura formal —anteriormente denominada Unidad Especial de Alta Seguridad (UEAS)—, destinada “preferentemente a personas privadas de libertad vinculadas a bandas delictuales asociadas al crimen organizado, nacional o internacional”, sin que exista un marco equivalente para las unidades regionales concesionadas que buscan replicar ese estándar.

Es así como, en el ámbito local, la discusión adquiere especial relevancia. Dentro del Biobío, donde funcionan algunos de los penales más grandes del sur del país, como la cárcel de Concepción, existen unidades destinadas a internos de alto compromiso delictual, sometidos a estrictas medidas de control. Identificar cuántas de estas unidades operan y cuáles son sus características es fundamental para dimensionar la realidad penitenciaria regional.

Al respecto, desde Gendarmería explicaron que las secciones de alta y máxima seguridad cumplen un rol clave frente al aumento de la población penal y la presencia de líderes del crimen organizado, pues permiten mantener el control interno y la adecuada segmentación de la población. Según la institución, durante la actual administración se ha duplicado la capacidad de plazas a nivel nacional.

En detalle, consignaron que el Complejo Penitenciario Biobío es el único que cuenta con módulos de alta seguridad en la Región. En este recinto se desarrolla un proceso de densificación que añadirá 285 nuevas plazas, elevando su capacidad de 1.426 a 1.711, alcanzando un total de 3.319 cupos.

En paralelo, el organismo destacó el trabajo en materia de control de comunicaciones. “En el caso del Complejo Penitenciario Biobío, el sistema de bloqueo de telefonía celular es parte del contrato con la empresa concesionaria”, señalaron, al tiempo que confirmaron la futura implementación de un sistema de telefonía pública “que permitirá controlar las comunicaciones de la población penal hacia el exterior”.

La institución añadió que su actuar se concentra en prevenir la comisión de delitos a través de celulares dentro y fuera de las unidades penales. “Permanentemente realizamos operativos de registro y allanamiento para incautar este tipo de elementos prohibidos, además de una constante labor de investigación criminal coordinada con el Ministerio Público y las policías”, subrayan.

Ahora bien, respecto de los módulos de máxima seguridad, la Seremi de Justicia en el Biobío precisó que en la región todavía no existen unidades de este tipo implementadas. Aun así, remarcaron que la labor institucional no se limita a lo técnico o al control, sino que también debe sostenerse en un enfoque de derechos.

“Velamos permanentemente por garantizar el respeto y promoción de los derechos de los internos en cada recinto penal”, indicaron, pues a juicio de la cartera, esa mirada es parte del eje central de la política penitenciaria en la zona.

Agregaron que este enfoque es condición necesaria para avanzar en la reinserción social y que, por lo mismo, se articula en coordinación con diversos organismos públicos. “Entendemos el respeto a los derechos de los internos como un requisito determinante para fortalecer los procesos de reinserción”, recalcaron.

Funcionarios penitenciarios

Desde el ámbito gremial, el director tercero de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP) y vocero del Frente de Trabajadores de Gendarmería, Benito Sarabia, comentó que los hechos ocurridos en Santiago deben mirarse en contraste con la realidad del Biobío, donde la infraestructura penitenciaria presenta condiciones distintas.

A juicio del dirigente, los recintos de la Región cuentan con un diseño más moderno que permite un control efectivo de la población penal. “Aquí es más difícil que se vean escenarios como estos, porque son cárceles confeccionadas con otros sistemas de segmentación”. Por ejemplo, el Complejo Penitenciario Biobío, que agrupa las antiguas unidades de El Manzano y Biobío en uno solo, concentra la mayor cantidad de internos con alto compromiso delictivo.

“En términos generales, la cárcel de Concepción está bien evaluada (…); la infraestructura y la tecnología que tiene el recinto permiten a los funcionarios una mayor tranquilidad”, agregó.

No obstante, el dirigente reconoció que las condiciones materiales no eliminan todos los riesgos. Según explicó, en la población penal existen ciertos “códigos” que los empujan a tener reacciones violentas frente a delitos de connotación especial, como el caso mediático en Santiago 1.

Al respecto de la preparación de los gendarmes en situaciones críticas, Sarabia sostuvo que existe un entrenamiento permanente, aunque insuficiente en términos de equipamiento. “Lo que quisiéramos tener son mayores elementos disuasivos que nos permitan reducir el contacto físico con la población penal al momento de reducir una riña”, indicó.

Dicho déficit en recursos es uno de los puntos que ANFUP ha planteado con insistencia a las autoridades. Según Sarabia, el aumento sostenido de la población penal en el Biobío no ha ido acompañado de una dotación proporcional de implementos y herramientas. “Lo hemos presentado a las autoridades locales, nacionales e incluso al Gobierno Regional, para que a través de algún proyecto nos puedan apoyar en estas materias”, señaló el dirigente gremial.

En cuanto a las condiciones mínimas que, a su juicio, deberían cumplir los módulos de alta y máxima seguridad, el dirigente las resumió en tres ejes: infraestructura adecuada, tecnología y segmentación de la población interna. “La primera es la cual debiese permitir una adecuada segmentación”, señaló, agregando que “una de las falencias que podemos tener es el déficit de elementos, como gases disuasivos o chalecos antibalas suficientes”.

Finalmente, subrayó que la Región mantiene hasta ahora indicadores relativamente estables en seguridad penitenciaria, gracias a la infraestructura individualizada de sus módulos. Sin embargo, advierte que la tendencia al alza en la población penal podría tensionar este equilibrio.

“La infraestructura de este recinto permite tener celdas individuales y una favorable segregación. Pero en la medida en que vaya aumentando la población penal, en el futuro puede que este escenario cambie. Por eso hemos hecho observaciones para que se tomen medidas y se refuercen las dotaciones de funcionarios”, concluyó.