La sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados se convirtió en un escenario de fuertes críticas a la iniciativa del gobierno que modifica los aportes de ciertas comunas al Fondo Común Municipal (FCM), mecanismo diseñado para redistribuir ingresos entre municipios. 

El proyecto, presentado por el Ejecutivo el 28 de octubre y con urgencia de discusión inmediata, contempla que comunas como Lo Barnechea y Las Condes incrementen su aporte al FCM: Lo Barnechea, por ejemplo, subiría del 60 % al 65 % del recaudo por contribuciones y de un aporte menor por patentes comerciales; Las Condes pasaría de un 65 % al 80 % en tres años en impuesto territorial, y de 65 % a 70 % en aportes por patentes. 

Desde el inicio del debate, varios alcaldes manifestaron su descontento. El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (UDI), señaló: “Recibimos con sorpresa este mensaje presidencial. Es la lápida para comunas como Lo Barnechea y Las Condes. Bienvenida la solidaridad, pero esto nos parece más bien un populismo sin nombre”.

Su par en Las Condes, la alcaldesa Catalina San Martín (independiente), advirtió que apenas 10 comunas concentran el 40 % del impuesto territorial, mientras 253 dependen en más de un 50 % del FCM, lo que genera una “dependencia crónica” y desincentiva la recaudación propia.

Además, los ediles reclamaron haber sido excluidos del proceso de consulta y planificación. El presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), y alcalde de La Reina, José Manuel Palacios (UDI), lamentó haber conocido la iniciativa “por la prensa” y denunció falta de coordinación. 

Por su parte, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (RN), que además preside la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), sostuvo que el proyecto “maquilla un problema de fondo” y llamó a un enfoque “colaborativo y realista” frente a la autonomía financiera local. 

En el Congreso, las críticas también provinieron de distintos sectores. El diputado Diego Schalper (RN) anunció que podría recurrir al Tribunal Constitucional de Chile por considerar que el texto afecta el derecho a la propiedad y la justicia tributaria. De igual modo, el diputado Jaime Sáez (FA) reconoció que se requiere “mucho más diálogo” e instó a incluir a las comunas que dependen casi totalmente del FCM. 

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, defendió la iniciativa y aseguró que, aunque “no requería un informe financiero tradicional”, el ministerio ha incluido una minuta complementaria con antecedentes económicos.

“Algunas preguntas que se han planteado acá van a tener respuesta de nuestro lado”, afirmó. No obstante, los alcaldes replicaron que no hubo diálogo previo y que la reforma fue incluida “de contrabando” en un mensaje sobre pymes. 

La sesión concluyó sin que se alcanzara un acuerdo, y con la sensación generalizada de que el proyecto, en su estado actual, presenta incógnitas clave sobre su impacto financiero y su verdadero efecto redistributivo. 

¿Qué sigue?
El texto continuará su tramitación legislativa, pero las tensiones generadas podrían generar modificaciones sustanciales al proyecto original. Mientras tanto, los municipios esperan ser incluidos de forma más activa en la conversación, para asegurar que la reforma no perjudique su autonomía financiera ni comprometa sus presupuestos municipales.