Un reciente análisis de los datos de financiamiento y resultados electorales revela que el candidato Franco Parisi logró la mayor eficiencia en su campaña: es decir, el menor costo por voto obtenido.

En contraste, Marco Enríquez‑Ominami —más conocido como ME-O— sobresalió por el contrario: su campaña reporta el mayor costo por sufragio y además presenta deudas pendientes.

El reporte indica que, al calcular el promedio entre los aportes recibidos y los votos obtenidos, la campaña de Parisi se distingue por haber optimizado recursos de manera más eficaz que sus rivales.

En el otro extremo se encuentra la campaña de ME-O, que no sólo incurrió en mayores gastos por voto sino que también no pudo cubrir los créditos contra reembolso que solicitó.

Con ello, se abre nuevamente el debate sobre la relación entre la inversión en campañas electorales y los resultados obtenidos: ¿cuánto debe costar un voto en democracia? Y, más importante aún, ¿cómo garantizar que los gastos de campaña se correspondan efectivamente con movilización y concurrencia al sufragio?

Analistas advierten que, aunque el costo por voto es un indicador útil, no basta con mirar sólo esa cifra. Es necesario también considerar otros factores como la estructura de la campaña, el tamaño del electorado movilizado, la estrategia comunicacional y la cobertura mediática.

En este sentido, la eficiencia de Parisi es notable, pues con recursos relativamente menores logró consolidar un número significativo de apoyos, mientras que ME-O, pese a una estructura de gasto mayor, enfrenta un balance con saldos pendientes.

Desde el equipo de Parisi han señalado que este resultado confirma la apuesta por una campaña más liviana, con menos dependencia de grandes aportes y focos en movilización digital y contacto directo con electores.

En tanto, desde el entorno de ME-O reconocen la existencia de deudas y apuntan a que la estrategia contempla aún fases de cierre y ajustes de gastos.

Este análisis se magnifica en el contexto de las reformas a la financiación de campañas que se discuten en el Parlamento y entre organismos de control electoral, que buscan aumentar la transparencia y reducir los desequilibrios entre candidaturas con diferentes niveles de financiamiento.