Nacional
Crónica
17/11/2025
Una nueva tensión se instaló en el diálogo entre el mundo empresarial y el Gobierno, luego de declaraciones efectuadas por el ministro Luis Cordero respecto de las críticas formuladas por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).
El gremio, que agrupa a las principales ramas del empresariado chileno, entregó una carta pública en la que advierte que el país “está perdiendo la batalla contra la inseguridad”, situación que, según argumenta, está afectando la normalidad de la vida ciudadana y el desempeño económico.
En su respuesta, el ministro Cordero acusó al empresariado de adoptar una postura observadora frente al tema de la inseguridad, advirtiendo que “los temas de seguridad no son asuntos para verse desde la galería, sino un compromiso que exige rol activo del sector privado”.
El comunicado de la CPC planteó que la violencia y el delito han alcanzado niveles que dificultan el desarrollo empresarial, la inversión y el empleo formal, al tiempo que generan una sensación creciente de temor en la ciudadanía.
Frente a ello, el Ejecutivo reconoce la gravedad del fenómeno, pero plantea que la colaboración del sector privado debe incluir más que la denuncia pública: debe traducirse en compromisos concretos.
El cruce adquiere relevancia en momentos en que la inversión privada está siendo observada con lupa, y la estabilidad de las condiciones de seguridad se considera un factor clave para atraer proyectos y generar empleo.
El mensaje del gremio es claro: sin un ambiente seguro, las empresas enfrentan obstáculos crecientes que elevan costos, reducen expectativas y tensionan los márgenes de crecimiento.
Por su parte, desde el Gobierno se advierte que no basta con señalar los problemas: “El sector privado cumple un rol muy relevante y activo, y echo de menos en la carta cuál es el compromiso del sector privado en materia de seguridad”, afirmó Cordero.
El escenario abre la puerta a varias líneas de desarrollo: en primer lugar, un posible acuerdo entre Gobierno y gremios para definir medidas conjuntas que mejoren la seguridad del entorno empresarial.
En segundo término, una revisión de los incentivos y responsabilidades del sector privado para asumir un rol más activo en prevención, protección y colaboración con las autoridades.
Y finalmente, una evaluación de qué tan alineados están los discursos y los hechos: cómo convertir la preocupación gremial en acciones concretas de mayor seguridad, inversión y empleo.
