Una nueva página se cierra en la historia política chilena: la transformación estructural del Partido Radical —fundado en 1863 por Pedro León Gallo y Manuel Antonio Matta— culmina en la disolución de la agrupación, tras no alcanzar los requisitos electorales mínimos que exige la ley para continuar operando como partido legalmente constituido. 

Un legado de más de siglo y medio

Durante sus años de mayor relevancia, el Partido Radical protagonizó lo que se conoce en la historiografía como “los años radicales”: entre 1938 y 1952, lideró cuatro gobiernos con presidentes como Pedro Aguirre Cerdá, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla, impulsando la creación de empresas estatales clave como ENAP, Endesa y CAP, así como la fundación de la Universidad Tecnológica del Estado (UTD) (hoy Universidad de Santiago de Chile). 

No obstante, el declive fue gradual. En las recientes elecciones legislativas donde se eligieron diputados, senadores y presidente, el partido no logró alcanzar la barrera del 5% de los votos para diputados —obtuvo apenas 1,99%— ni tuvo el número mínimo de parlamentarios para mantenerse. 

Disolución y traspaso de bienes

Ante el incumplimiento de los mínimos legales, el Servicio Electoral (SERVEL) activará el proceso formal de disolución. Los dirigentes radicales ya han anunciado que comenzarán con la cancelación de pasivos para proceder “a una liquidación rápida y ordenada”. 

El artículo 120 de los estatutos del partido contempla que, tras la disolución por causas previstas en la ley, el patrimonio —muebles e inmuebles— debe ser transferido a la Gran Logia Masónica, organización que históricamente ha tenido vínculos con la colectividad, y finalmente al Club de la República, que deberá destinarlo a una institución de beneficencia según lo que establecen los estatutos. 

Entre los bienes del partido se encuentra el edificio patrimonial ubicado en la esquina de Londres con París, en Santiago, que en 2022 había sido sometido a remate por una deuda con una inmobiliaria, y que posee un avalúo fiscal de $573 millones, además de una deuda de aproximadamente $18,9 millones por contribuciones. 

Reacciones y desafíos

Para varios miembros históricos —por ejemplo el abogado José Antonio Gómez, ex­ministro en gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet— la situación es “muy triste” para una formación con 162 años de historia, aunque también la ve como una oportunidad para reinventarse. “Creo que el camino es rearticularse, volver a inscribirse y lograr constituir un partido que represente los valores de la socialdemocracia”, señaló. 

Queda, entonces, el interrogante de si los valores radicales tendrán continuidad en nuevas formas políticas o si simplemente quedarán como parte del legado histórico. Para la zona sur del país —y en particular para comunas como Los Ángeles (Biobío) donde la presencia del Partido Radical estuvo siempre presente— este desenlace abre un espacio para reflexionar sobre representación, renovación partidaria y la implicancia local de estos cambios nacionales.

¿Qué implica a nivel local?

• En municipios y comunas donde el Partido Radical participó activamente, los cuadros de militantes y su red de activismo deberán decidir si se suman a otras colectividades o constituyen una nueva entidad.

• En materia patrimonial, la liquidación y traspaso de bienes puede generar incertidumbre sobre arriendos, sedes o actividades que el partido mantenía en terreno.

• Desde una perspectiva académica o de análisis político, este hito puede marcar el fin de una era y la necesidad de revisar cómo las fuerzas de centro­izquierda se reconfiguran en el Chile post-2025.

Conclusión
El cierre del Partido Radical no sólo representa la desaparición de una de las formaciones más antiguas de Chile, sino también una oportunidad para pensar en cómo los espacios políticos tradicionales dan paso a nuevas fórmulas en un entorno cada vez más dinámico y fragmentado. El traspaso de sus bienes a la Gran Logia de Chile subraya además una conexión histórica que hoy adquiere forma tangible en la liquidación del partido.