Tras un periodo continuo de procesos electorales que se prolongó durante seis años, Chile ingresará a una fase inédita de casi 30 meses sin comicios previstos.

Desde el plebiscito constitucional de entrada en 2020 hasta la reciente elección presidencial en primera vuelta, el país ha sido escenario de 14 procesos electorales en tan solo cinco años.

Sin embargo, con el balotaje fijado para el 14 de diciembre y sin considerar esa segunda vuelta, el próximo certamen —las primarias municipales y regionales— no se realizará hasta julio de 2028, lo que abre un espacio de aproximadamente dos años y medio sin elecciones. 

¿Por qué es relevante esta “pausa”?

Para el gobierno entrante, esta etapa representa un cambio de paradigma: dejará atrás el calendario continuo de campañas, votaciones y movilización social vinculada a procesos electorales. Según el análisis, el actual gobierno asumió y desarrolló su gestión bajo la presión de ocho procesos de votación, sin considerar aún la segunda vuelta. 

Este lapso puede interpretarse como una “ventana” para que las administraciones se concentren en la gestión, la formulación de políticas de largo plazo y la consolidación institucional, sin la cercanía inmediata de elecciones que muchas veces condicionan agendas, cronogramas y recursos.

Las voces institucionales lo respaldan

En el contexto comunicacional, crece la idea de que este receso electoral ofrece “una oportunidad”, tal como se tituló en los medios nacionales. 
El ambiente político coincide en que, más allá de la relevancia administrativa, la pausa puede incidir en una mayor profundización de la deliberación ciudadana, la participación democrática en otras formas (más allá del voto) y una revisión de los modelos de partido y campaña.

Riesgos y desafíos

No obstante, los analistas advierten que la ausencia de elecciones no significa ausencia de política. El reto estará en mantener la visibilidad ciudadana, el control cívico y la rendición de cuentas en un escenario sin eventos electorales inmediatos.

También emerge la pregunta de cómo se configurarán nuevamente los incentivos para la participación y movilización política—si es que los partidos y candidatos vuelven a operar bajo dinámicas tradicionales o si se plantea un cambio de paradigma.

Implicancias para la ciudadanía

Para la población, esta fase de 30 meses puede ser clave para observar concretamente la gestión de los mandatarios, sin la distracción de campañas constantes. Además, puede favorecer que la atención electoral se desplace hacia otros ámbitos —políticas públicas, servicios, participación comunitaria— y no solo hacia quién gobierna.

Al mismo tiempo, para los medios de comunicación, la academia y la sociedad civil, se abre un período de análisis y construcción del futuro de la democracia que deja atrás campañas y busca estabilidad institucional.