El Ministerio de Educación de Chile (Mineduc) presentó un recurso de reposición contra la admisibilidad del escrito interpuesto por siete instituciones de educación superior privadas ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que cuestionaban los criterios de asignación de aportes estatales y los aranceles regulados para 2026.

Las casas de estudio aludidas —Universidad Autónoma de Chile, Universidad Bernardo O’Higgins, Universidad de las Américas (Chile), Universidad Mayor, Universidad Finis Terrae, Universidad Santo Tomas y Universidad Central de Chile — sostienen que existe un “sesgo” que desfavorece a las privadas frente a las integradas al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), al momento de definir los aranceles y la asignación de aportes estatales. 

El conflicto se remonta a agosto, cuando esas universidades decidieron acudir al TDLC para que analizara —en un procedimiento no contencioso— si las resoluciones del Mineduc sobre los aranceles regulados podrían estar afectando la libre competencia. 

En su presentación ante el tribunal, el Mineduc argumenta que la admisión de la consulta “adolece de vicios que la hacen improcedente”, al considerar que la materia “excede el ámbito de su competencia” y “desnaturaliza el procedimiento no contencioso establecido en el artículo 31 del Decreto Ley N.º 211”. 

Además, sostiene que la vía de la consulta no es el mecanismo adecuado para impugnar indirectamente el diseño normativo ni para echar mano a medidas cautelares que suspenderían la regulación. 

Por su parte, el rector de la Universidad Finis Terrae, Juan Eduardo Vargas, señaló que “nos llama la atención que la Subsecretaría, a través del recurso presentado, le haga ver al TDLC que está equivocado al considerar admisible nuestra consulta. Tenemos la convicción de que el TDLC es la instancia adecuada para darle certeza a las instituciones de educación superior que participamos de la gratuidad respecto de si los nuevos aranceles regulados afectan o no a la competencia del sector”. 

El episodio suma un nuevo capítulo a la tensión creciente entre el Mineduc y el sector de las universidades privadas, cuyo interés es obtener claridad sobre el impacto que tendrán las resoluciones para 2026 tanto en sus recursos como en su modelo operativo.