La Contraloría General de la República instruyó a los alcaldes y alcaldesas del país a revisar, en un plazo de 30 días, la suficiencia de la dotación de sus unidades de control, considerando el volumen de recursos y la multiplicidad de procesos que fiscalizan. 

El pronunciamiento advierte que 81 municipalidades cuentan con solo una persona en esta función y otras 120 con solo dos o tres, lo que representa un alto riesgo para la gestión.
 
Finalmente, se enfatizó que la falta de personal idóneo no justifica el incumplimiento de las funciones legales, por lo que las autoridades deben adoptar medidas para fortalecer estas unidades y reportar los resultados a la Contraloría.