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Política
25/11/2025
A pocas semanas de la segunda vuelta presidencial programada para el 14 de diciembre, las campañas de Jeannette Jara y José Antonio Kast han concentrado su esfuerzo en un tema que se ha convertido casi en sinónimo del debate electoral: la seguridad.
Aunque los dos comandos reconocen que el país enfrenta un escenario más complejo que hace una década, las rutas que proponen para enfrentar la delincuencia divergen tanto en su diagnóstico como en el tipo de intervención estatal que consideran necesaria.
Mientras Kast impulsa un enfoque que define como “implacable”, basado en un fortalecimiento del uso legítimo de la fuerza, expansión del sistema penitenciario, cierre de fronteras y medidas de excepcionalidad, Jara apuesta por una estrategia integrada que combina inteligencia policial, prevención social, reforma institucional y un despliegue coordinado entre el nivel central, los gobiernos regionales y los municipios.
El programa del candidato republicano plantea que Chile vive la “principal emergencia de su historia reciente”: la pérdida del control territorial ante el crimen organizado. De acuerdo con el diagnóstico contenido en su documento programático, el país habría transitado en menos de diez años desde ser una de las naciones más seguras de la región a convivir con fenómenos como sicariato, secuestros y extorsiones, delitos que, según el texto, se han vuelto parte del “paisaje delictual”.
Kast atribuye esa expansión criminal a una “renuncia del Estado” a su obligación de protección, sumada al impacto de la migración irregular masiva y a la acción de bandas transnacionales relacionadas con el narcotráfico. Desde esa lectura surge su “plan de recuperación territorial”, que prevé operativos conjuntos, mayor respaldo a las policías y participación de las Fuerzas Armadas en control de rutas, fronteras e infraestructura crítica.
El programa incluye un endurecimiento en materia penal: sanciones más altas para agresiones contra funcionarios policiales, fortalecimiento tecnológico para Carabineros, PDI y Gendarmería, nuevos protocolos para operativos de control territorial y un sistema penitenciario ampliado, con cárceles de máxima seguridad destinadas exclusivamente a miembros de organizaciones criminales.
Se suma un régimen de aislamiento para líderes delictuales, con unidades de élite que impidan coordinar delitos desde la cárcel.
En política migratoria, Kast propone un cierre fronterizo reforzado, con barreras físicas, modernización de pasos y vigilancia avanzada. Además, plantea tipificar el ingreso irregular como delito y hacer de la expulsión una herramienta automática en casos con procedimientos penales abiertos, reactivando la persecución sólo si la persona reingresa clandestinamente.
El candidato también promete una reforma al Sistema de Inteligencia, con una estructura integrada y tecnología, orientada a seguir el rastro financiero del crimen organizado: decomisos, congelamiento de activos y mayor capacidad de la Unidad de Análisis Financiero mediante inteligencia artificial.
La candidata oficialista construye su programa sobre un principio distinto: la seguridad como política de Estado con perspectiva democrática. Bajo el concepto de “Seguridad sin miedo”, Jara sostiene que el país necesita instituciones policiales más fuertes, pero también una estrategia moderna que combine persecución penal, participación comunitaria, recuperación del espacio público, inteligencia actualizada y prevención temprana.
Uno de los pilares de su propuesta es la creación de la Agencia Nacional de Control de Armas (ANCA), un organismo civil que concentraría facultades hoy dispersas, permitiendo identificar patrones de tráfico, aumentar incautaciones y mejorar la trazabilidad mediante un registro biométrico asociado al uso de armas en delitos violentos.
También propone expandir a todo el territorio los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), hoy presentes en 10 regiones. El objetivo es elevar los niveles de esclarecimiento y fortalecer la persecución penal articulada con el Ministerio Público, especialmente en zonas con alta presencia de bandas criminales.
El plan territorial de Jara incluye la creación del Centro Integrado de Coordinación Policial (CICPOL), que permitiría identificar focos prioritarios y coordinar operativos para desarticular puntos de venta de drogas, detener prófugos, incautar armas y actuar en barrios donde operan organizaciones delictuales.
En materia de conflicto en zonas rurales, la candidata propone una dupla de seguridad e inversión social: aumentar la inteligencia policial y reforzar la persecución penal, pero sumar políticas públicas que aborden las causas de largo plazo, evitando, según su texto, que la violencia se reproduzca de manera cíclica.
Su programa incluye una “respuesta prioritaria” para niños de 7 a 13 años en riesgo de iniciar trayectorias delictivas, ampliación del Programa Lazos, acompañamiento familiar y alianzas público-privadas para la reinserción juvenil. La idea es intervenir en barrios vulnerables para romper ciclos delictuales desde la infancia.
En Concepción y el Biobío, ambas campañas han activado sus vocerías para destacar los contrastes entre los programas.
El senador Gastón Saavedra (PS), vocero regional del comando de Jeannette Jara, subrayó que la candidata entiende la seguridad como uno de los tres pilares centrales de su programa, junto con la seguridad social y económica, y destacó la necesidad de fortalecer a las policías, tanto ciudadanas como estatales.
Saavedra planteó que el foco estará en “fortalecer las policías, entregarles más recursos, mejorar sus ingresos y asegurar que cuenten con la implementación adecuada”, además de respaldar legislación que permita “robustecer una estrategia de seguridad para el país”.
Desde la otra vereda, Claudio Eguiluz, presidente regional de Renovación Nacional y vocero del comando de José Antonio Kast, afirmó que la principal diferencia radica en que, según él, “la izquierda no ha respaldado los proyectos de ley para endurecer penas y castigar a los delincuentes”.
Eguiluz señaló que los sectores que apoyan a Jara habrían mostrado una actitud “permisiva” en los últimos gobiernos, incluso con decisiones como indultos o gestos simbólicos hacia grupos ligados a protestas violentas.
En migración, el dirigente enfatizó que Kast propone una salida obligatoria para los cerca de “300 mil inmigrantes irregulares” estimados en el país. El candidato, explicó Eguiluz, plantea que quienes salgan podrán reingresar solo si cumplen todos los requisitos legales, pero quienes no lo hagan “no podrán volver a entrar”.
El vocero también defendió el concepto de “gobierno de emergencia” en seguridad, señalando que se trata de un contraste claro con lo que denomina la “continuidad” del actual oficialismo.
Según dijo, Chile atraviesa “el mayor número de homicidios y de ingresos clandestinos en décadas”, por lo que la propuesta de Kast busca “fin del miedo e inicio de la autoridad, con penas más altas, cárceles de aislamiento total, respaldo a la legítima defensa y el término de los narcofunerales”.
Eguiluz insistió en que el republicano no pretende militarizar el país, sino “desmilitarizar los barrios tomados por el narco”, mediante una Fuerza de Tarea Conjunta de Excepción con presencia policial y militar en zonas críticas.
