Las organizaciones que representan a los funcionarios del Estado entregaron formalmente su pliego de demandas ante Ministerio de Hacienda, dando así el puntapié inicial para la negociación de reajuste salarial 2025-2026. 

En su solicitud, los trabajadores exigen un alza real del 2 % sobre la inflación acumulada en los últimos 12 meses (3,4 % según datos del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, INE). 

Además, plantean que ningún auxiliar, administrativo o técnico estatal perciba menos de ciertos mínimos mensuales (respectivamente, $ 591.483; $ 658.265; $ 700.241). 

Más allá del reajuste, el pliego de la Mesa del Sector Público incluye demandas de carácter estructural: estabilidad laboral, traspaso de beneficios permanentes (bonos de Navidad, Fiestas Patrias, vacaciones, escolaridad), garantía de jornada de 40 horas semanales, mejora en las condiciones de trabajo sindical, extensión de sala cuna y regulación formal del teletrabajo. 

Para las autoridades, la negociación llega en medio de un contexto fiscal complejo, luego de la reciente aprobación del presupuesto 2026, lo que podría dificultar eventuales ajustes significativos. 

Para muchos funcionarios de regiones como nuestra zona del Biobío, las demandas adquieren especial relevancia: buscan asegurar ingresos dignos y estabilidad laboral frente a la inflación, además de mejoras en beneficios claves —como bonos, cuidado infantil o jornada laboral— que impactan directamente su calidad de vida y su desempeño en servicios públicos regionales.

El Gobierno tendrá los próximos días para responder al pliego. Desde la Mesa del Sector Público advierten que de no haber avances concretos, no descartan movilizaciones.