El Poder Judicial, la Defensoría Penal Pública y el Ministerio Público iniciaron un trabajo conjunto de coordinación con miras a la puesta en marcha de la nueva Fiscalía Supraterritorial, una unidad especializada destinada a enfrentar el crimen organizado y delitos de alta complejidad en el país.

La instancia fue encabezada por el ministro de la Corte Suprema, Manuel Valderrama, junto al fiscal jefe de esta nueva estructura, Miguel Ángel Orellana, en una reunión que reunió a equipos técnicos de las principales instituciones del sistema de justicia penal.

Durante el encuentro se abordaron temas clave para el funcionamiento de esta fiscalía, entre ellos la interconexión de sistemas informáticos, la reserva de los datos en investigaciones, la distribución de cargas de trabajo, las dotaciones de personal, la infraestructura y la seguridad de todos los intervinientes, incluyendo fiscales, defensores, testigos, víctimas y funcionarios judiciales.

El objetivo central fue activar equipos de trabajo que permitan implementar el nuevo modelo de persecución penal, que concentrará investigaciones relacionadas con crimen organizado, delitos complejos y causas que generen alta alarma pública o que involucren a más de una región.

Según explicó el ministro Valderrama, en esta primera etapa se revisaron aspectos generales del funcionamiento de la nueva fiscalía y se definió la creación de comisiones que realizarán un análisis estadístico y funcional para determinar cómo operará esta unidad en coordinación con jueces de garantía y tribunales orales.

Por su parte, el fiscal Orellana destacó la importancia del diálogo interinstitucional, especialmente en materias de comunicación entre el Ministerio Público y los tribunales, así como en la protección de la información durante las investigaciones.

La Fiscalía Supraterritorial representa un cambio estructural en el sistema de persecución penal en Chile, con un enfoque nacional y especializado para enfrentar fenómenos delictivos que superan los límites territoriales, como redes de narcotráfico, crimen organizado y corrupción de alta complejidad.

La reunión concluyó con la creación de diversos grupos de trabajo que deberán presentar avances en el corto plazo. La entrada en vigencia de esta nueva unidad está prevista para el próximo 2 de abril, marcando el inicio de un nuevo modelo de coordinación entre las instituciones del sistema de justicia criminal.