Un reajuste nominal de 7,5% para el periodo comprendido entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022 para todos los funcionarios del Estado, indistintamente del marco laboral que los rige, sea que laboren en el sector centralizado o descentralizado, regidos por los Estatutos Sectoriales o el Código del Trabajo.

Si bien faltan algunas semanas para comenzar a negociar de manera directa con el Gobierno, los 16 gremios que representan a los trabajadores del sector público entregaron su pliego de peticiones al Ministerio de Hacienda para iniciar las reuniones.

El documento también resalta "la importancia de avanzar en medidas que focalicen incrementos de remuneraciones y bonificaciones para los trabajadores/as de menores ingresos del Estado, particularmente por medio mejoramiento del bono mensual de rentas inferiores en los termino acá planteados, así como en mejorar los mínimos por estamentos más allá del reajuste general de remuneraciones".

En ese punto, el pliego plantea el pago de un bono mensual, de cargo fiscal de $65.000 para todos los funcionarios cuya remuneración bruta en el mes de su pago sea inferior a $750.000 y que se desempeñen por una jornada completa. Aquellos trabajadores que se desempeñen en jornada parcial recibirán un monto proporcional a su jornada. Junto a lo anterior, solicitan mejorar diversas bonificaciones que reciben, como el aguinaldo de Navidad, de Fiestas Patrias, vacaciones, entre otros.

Además, la mesa del sector público establece además pisos salariales, de modo que a partir del 1 de diciembre de este año los auxiliares no reciban un monto inferior a $444.294, los administrativos no menor a $494.457 y de $525.987 para técnicos.

Sumado a esto, demandan una mayor estabilidad laboral "para el conjunto de trabajadoras y trabajadores públicos, independientemente de los instrumentos y regímenes que regulen las relaciones contractuales en cada servicio centralizado o descentralizado.

Cada año, más allá de las expresiones de buena voluntad y las definiciones políticas de los gobiernos, queda en evidencia la indefensión de los/as funcionarios/as públicos/as, ante los despidos injustificados". Asimismo, manifestaron que se oponen a "la dinámica de despidos arbitrarios que se repite año con año".

Otra propuesta apunta a cambios al sistema previsional, de modo que este sea "de reparto, de carácter público, solidario, sin fines de lucro, de administración estatal y que garantice una tasa de reemplazo digna de a lo menos un 70%, con participación garantizada de las y los trabajadores y un rol preponderante del Estado".