Un importante giro jurídico dio la Corte Suprema al declarar ilegal que la Contraloría General de la República se abstenga de recibir reclamos presentados por funcionarios públicos contratados bajo la modalidad “a contrata”.

La decisión fue adoptada por la Tercera Sala del máximo tribunal, que en dos sentencias —dictadas el 24 de febrero y el 6 de marzo— resolvió que el organismo fiscalizador no puede negarse a tramitar este tipo de reclamaciones administrativas.

El fallo responde a una controversia surgida luego de que la Contraloría considerara que estos casos correspondían a “asuntos litigiosos”, lo que la llevaba a abstenerse de conocer reclamos de funcionarios que alegaban la existencia del principio de “confianza legítima” en su continuidad laboral dentro del Estado.

Con esta resolución, la Corte Suprema sostuvo que la Contraloría sí tiene la obligación de recibir y analizar los reclamos de ilegalidad presentados por trabajadores a contrata, quienes muchas veces recurren al organismo cuando sus vínculos laborales no son renovados por la administración pública.

El pronunciamiento del máximo tribunal ocurre en un momento especialmente sensible dentro del sector público, ya que los cambios de administración suelen implicar ajustes de personal, lo que podría aumentar el número de funcionarios que recurran a este tipo de reclamaciones.

De esta manera, la Corte Suprema fija un precedente relevante respecto del rol de la Contraloría en la revisión de conflictos laborales dentro del aparato estatal, reafirmando que el ente fiscalizador debe pronunciarse sobre estos reclamos cuando los funcionarios consideren vulnerados sus derechos.