Considerando que la libertad de los imputados representa un riesgo para el éxito de la investigación, la magistrada Claudia Aguilera del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, accedió a la solicitud del Ministerio Público y decretó la medida cautelar de prisión preventiva para las imputadas Susana Cortés y Andrea Romero, abogadas que habrían estado a cargo de una asociación criminal o ilícita que, aprovechando recursos de otras instituciones del Sistema Judicial, habrían incurrido en delitos de corrupción en relación a causas de tráfico de drogas.

Pese a que la Fiscalía de Ñuble formalizó por diversos delitos, a juicio del tribunal no se logró establecer en este estado procesal la existencia del tráfico de drogas y armas, soborno ni lavado de activos. No obstante, sí se dio por acreditado que las imputadas Andrea Romero y Susana Cortés habrían incurrido en los ilícitos de asociación ilícita o criminal, obstrucción de la justicia, acceso indebido a la información y prevaricación del abogado.

Por otra parte, para el imputado Patricio Gutiérrez -exdefensor jefe de Los Ángeles, se habría acreditado su participación en el delito de violación de secreto y, considerando como una medida cautelar necesaria e idónea el arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicaciones con los coimputados, incluyendo a su cónyuge que se mantendrá en prisión preventiva.

La fiscal regional de Ñuble, Ñayalet Mansilla se mostró satisfecha con el resultado de la audiencia, indicando que se buscará probar los hechos en instancia de juicio y aclaró que, por ejemplo, "la calificación jurídica que ella (la jueza) le da a los hechos que estimábamos que eran tráfico de armas y de drogas, para el tribunal constituían el delito de obstrucción a la investigación, por lo tanto no están descartados".

Uno de los delitos que destacó la jueza en la formalización es el caso de acceso indebido y violación de secreto por parte de las abogadas y el exdefensor Gutiérrez, hechos que se arrastrarían al menos desde el 2017 y que comenzaron a ser advertidos durante el 2020, iniciándose una investigación formal en 2024.