Rescatando experiencia nacional y del exterior, el presidente de la Asociación de Fiscales, Francisco Bravo, se inclinó por descartar que el proyecto que busca conceder un indulto a personas privadas de libertad desde el estallido social avale o fomente el vandalismo, como ha planteado el Gobierno esta semana.

El persecutor recordó que en el Chile de 1952 "hubo un proyecto de ley de amnistía general a propósito también de un estallido social", es decir, que "en Chile y el mundo siempre han existido leyes de amnistía o indultos generales producto o post fenómenos sociales complejos".

"Si esto fomenta o no fomenta, en general en los estudios dogmáticos académicos -más allá de este caso concreto-, (se dice que) las leyes de amnistía, así como el aumento de las penas, en general no dicen relación ninguna con el aumento o la baja de las tasas de delincuencia", expuso.

En concreto, "si uno aumenta penas, lo que está probado es que la tasa de delincuencia no baja, y aquí está lo que se llama 'el populismo punitivo', es decir, que hay como una tentación a pensar que si yo aumento penas, freno la delincuencia. Eso es una falacia, no está probado en ninguna parte".

FALENCIAS DEL PROYECTO

Dicho esto, Bravo cuestionó que el indulto que se tramita en el Senado "es bastante amplio", puesto que considera delitos graves, como los de incendio y homicidio frustrado y -a su juicio- sin la necesaria especificidad, al referirse solo a ilícitos "en el contexto de manifestaciones sociales".

"Además, incluye un periodo que va mucho más allá particularmente de los hechos más específicos (...) no solamente de octubre a diciembre del 2019, sino que se extiende prácticamente por todo el año 2020, en el que hay muchos casos, por ejemplo, de lanzamiento de bombas incendiarias", analizó el fiscal de la Zona Metropolitana Centro Norte.

A su vez, criticó que la candidata presidencial Yasna Provoste (DC), una de las firmantes de la iniciativa, la defendió este martes argumentando que beneficiaría a personas que llevan mucho tiempo bajo la máxima cautelar sin pruebas concretas en su contra.

"Es una afirmación compleja, porque revelaría que no solamente la Fiscalía está actuando de manera arbitraria, sino que también los tribunales (...) si un tribunal dicta una prisión preventiva sin pruebas, se podría decir que está prevaricando, y eso sería gravísimo", enfatizó, llamando a que antecedentes como los apuntados por la senadora sean denunciados e investigados.

Finalmente, Bravo estimó que "en lo que hay que avanzar quizás -y me parece que en esto habría consenso- es en que exista una ley o artículo transitorio que acelere estos procesos, que les pongan límites", estimando que "esa es una alternativa concreta y viable".