La Fiscalía de Chile ha intensificado una importante investigación penal que sigue los vínculos y eventuales responsabilidades por delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias en el contexto de procesos de nombramientos judiciales.

En las últimas semanas, además de altos ministros del Poder Judicial, la indagatoria ha incorporado como “sujetos de interés” a notarios públicos, conservadores de bienes raíces y otros auxiliares de justicia, marcando un giro relevante en las pesquisas.

Según fuentes oficiales, el avance de estas investigaciones no solo abarca a ministros actuales y retirados de la Corte Suprema —como Jean Pierre Matus, María Teresa Letelier, Mario Carroza, Lamberto Cisternas y Rosa Egnem— sino también a notarios como Gloria Ortiz, Francisco Leiva, Patricio Corominas y Patricia Manríquez, así como a conservadores como Luis Fischer Yávar y Carlos Swett Muñoz.

¿Por qué están bajo la lupa?

La Fiscalía está revisando posibles irregularidades relacionadas con los procesos de designación de ministros y auxiliares de justicia, incluyendo supuestos favorecimientos, tráfico de influencias o negociaciones incompatibles que habrían beneficiado a ciertos candidatos en esos nombramientos.

Esto se da en el marco de diversas querellas presentadas y vinculadas a un correo electrónico incautado en el marco de otra investigación que ha desencadenado múltiples aristas judiciales.

El equipo liderado por la fiscal a cargo debe ahora confeccionar querellas diferentes y específicas por cada una de las personas que podrían ser formalizadas, lo que implica una serie de diligencias complejas y prolongadas ante tribunales. Esto incluye a altos magistrados incluso aunque algunos de ellos estén retirados y gocen de fuero.

La inclusión de notarios y conservadores —profesionales responsables de otorgar fe pública en actos civiles y registrar bienes raíces, respectivamente— revela la amplitud del foco investigativo.

Estas figuras, pese a no ser parte de la administración pública tradicional, ejercen funciones de alta responsabilidad jurídica y están sujetas a normas de probidad y transparencia en su ejercicio profesional.

La investigación se plantea como un hito en el escrutinio de nombramientos judiciales y la actuación de auxiliares de justicia en Chile, y podría generar consecuencias legales y políticas significativas si se formalizan cargos contra las personas incluidas en este listado.