Preocupación generaron en el mercado las últimas cifras fiscales entregadas por el Gobierno, luego del Informe de Finanzas Públicas del último trimestre de 2025, el cual evidenció un deterioro mayor al esperado en las cuentas del Estado.

De acuerdo con economistas y analistas, los datos reflejan un escenario fiscal más complejo que el proyectado, con un déficit efectivo que alcanzó el 2,8% del Producto Interno Bruto (PIB), superando el 2,2% estimado previamente. En tanto, el déficit estructural llegó a cerca del 3,6% del PIB, su nivel más alto desde la pandemia.

Desde el mundo financiero indicaron que la magnitud del desvío sorprendió al mercado. Especialistas señalaron que el problema no solo responde a factores económicos coyunturales, sino también a estimaciones de ingresos que no se han cumplido, especialmente en materia tributaria.

Según expertos, la recaudación no minera resultó significativamente menor a lo previsto y también se registraron ajustes relevantes vinculados al precio del cobre. A ello se suma que el gasto público no se ha reducido con la rapidez suficiente frente a la menor disponibilidad de recursos, lo que tensiona el cumplimiento de la regla fiscal.

En este contexto, analistas plantean que el nuevo gobierno deberá implementar un ajuste fiscal importante. Una de las principales medidas consideradas es un recorte del gasto público por cerca de US$ 6.000 millones, con el objetivo de reducir el déficit estructural y recuperar la credibilidad de la política fiscal.

De concretarse, esta reducción permitiría disminuir el déficit estructural desde niveles cercanos al 3,6% del PIB a cifras más cercanas al 1,9%, lo que situaría a Chile en un escenario similar al registrado antes de la pandemia, aunque sin alcanzar todavía el equilibrio fiscal.

Economistas también advirtieron que la reiteración de metas fiscales incumplidas en los últimos años podría afectar la confianza de los inversionistas, impactando la estabilidad económica y el costo del financiamiento para el país.

El debate sobre el manejo fiscal se instala así como uno de los principales desafíos para la próxima administración, en un escenario marcado por menor crecimiento, presiones de gasto social y la necesidad de mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas.