La ofensiva judicial contra la Tesorería General de la República por el cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE) tiene un nuevo capítulo. Hasta el 10 de mayo se habían interpuesto 1.783 recursos de protección en contra de los procesos de cobro iniciados por la Tesorería a los deudores del CAE, escenario que llevó al organismo a preparar un informe técnico para sostener la legalidad de sus actuaciones ante los tribunales. 

Las cobranzas comenzaron tras la llegada al poder de la administración del Presidente José Antonio Kast, con el impulso del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, como parte de la política de recuperación de deudas pendientes con el Estado. El balance más reciente da cuenta de que se han recuperado más de $37 mil millones desde el inicio de las gestiones. 

El recurso de protección es la vía constitucional escogida masivamente por los deudores para impugnar los cobros. Se trata de una acción dirigida a resguardar derechos frente a actos calificados como ilegales o arbitrarios, que se tramita ante las cortes de apelaciones y resulta considerablemente más rápida que un juicio ordinario, lo que explica su uso intensivo en este caso.

Pese al elevado número de presentaciones, la respuesta del Poder Judicial ha sido mayoritariamente desfavorable para los demandantes. Del total de recursos presentados, solo 175 —equivalentes al 9,8%— han sido declarados admisibles por las distintas cortes de apelaciones del país. El resto ha sido rechazado en su admisibilidad o continúa a la espera de un pronunciamiento. 

La distribución territorial muestra una concentración significativa en regiones. En Talca se tramitan 79 recursos, en Valparaíso 64 y en La Serena 24, según cifras entregadas por la propia Tesorería. 

Con el informe en preparación, la institución busca consolidar una línea de defensa común frente a la creciente judicialización del proceso, en lo que se anticipa como una disputa larga y reñida en los tribunales superiores de justicia.