La Corte de Apelaciones de Concepción dio inicio al concurso público para proveer el cargo de fiscal regional de la Fiscalía Regional del Biobío, ante la expiración del plazo de funciones de la actual jefa de la persecución penal en la zona, Marcela Cartagena Ramos, que se hará efectiva el 2 de agosto próximo.

De acuerdo con el edicto publicado por el tribunal de alzada, los interesados en postular dispondrán de un plazo de 10 días corridos, contados desde la última publicación del llamado, para presentar por escrito su oposición al cargo, junto con la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el artículo 31 de la Ley N°19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público.

Actual Fiscal Regional

Marcela Cartagena Ramos asumió como fiscal regional del Biobío en agosto de 2018, en una ceremonia encabezada por el entonces fiscal nacional Jorge Abbott, para un período de ocho años.

Fue designada tras una terna en la que compitió con Pablo Fritz (fiscal jefe de Chillán) y Juan Yáñez (fiscal preferente para causas de violencia rural), obteniendo 14 votos en el pleno de la Corte de Apelaciones, lo que resultó clave en la decisión del fiscal nacional. Con su nombramiento se convirtió en la segunda mujer en ejercer como fiscal regional en Chile, sumándose a Javiera López, de Arica.

Abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, juró como abogada en 1994 y, tras ejercer libremente la profesión y trabajar en la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío, ingresó a la Fiscalía del Biobío en 2003, donde desarrolló toda su carrera, ejerciendo como fiscal adjunta y jefatura en interinato y subrogancia en Concepción entre 2006 y 2015.

Casos emblemáticos y polémicas

La gestión de Cartagena estuvo marcada por varios casos de alta connotación pública que tensionaron su liderazgo:

Caso Tomás Bravo (2021): En marzo de 2021, tras la formalización fallida del único imputado —el tío abuelo Jorge Escobar— por la muerte del niño de 3 años desaparecido en Arauco, Cartagena fue designada por el fiscal nacional Abbott para liderar directamente la indagatoria. La investigación no logró resultados contundentes.

El último intento del Ministerio Público, en marzo de 2023, imputó a Escobar por "abandono de menor con resultado de muerte", pero la Corte Suprema anuló esa decisión. Finalmente, en noviembre de 2023, el fiscal nacional Ángel Valencia decidió trasladar la causa desde el Biobío a la Fiscalía Regional de Los Ríos, a cargo de Tatiana Esquivel, argumentando una "gestión más especializada". 

Caso Sergio Mardoff: Recibió cuestionamientos por la prolongada investigación de la desaparición ocurrida en 2005, cuyos restos permanecieron tres años en el Servicio Médico Legal antes de ser identificados en 2018.

Caso Luis Lugo Machado: En 2023 salió a la luz que el imputado por el homicidio del cabo Daniel Palma en Santiago había sido detenido el 12 de agosto de 2022 en Tomé con envoltorios de marihuana, lo que abrió cuestionamientos sobre la actuación de la fiscalía regional. 

Solicitud de remoción ante la Corte Suprema (2023): A raíz de estos tres casos, un grupo de diputados solicitó su remoción por "negligencia manifiesta". El 14 de noviembre de 2023, el pleno de la Corte Suprema rechazó la solicitud al considerar que los solicitantes no aportaron pruebas suficientes. El máximo tribunal concluyó que los hechos establecidos no permitían atribuir responsabilidad directa a la fiscal regional en las situaciones denunciadas. 

Caso Convenios: Cartagena lideró una de las investigaciones más relevantes de su gestión, sobre transferencias del Gobierno Regional del Biobío a fundaciones y corporaciones privadas. En enero de 2024 anunció que durante ese año se sumarían nuevos formalizados, mencionando que existían nueve causas y trece fundaciones investigadas. Sus declaraciones derivaron en un recurso de amparo presentado por la defensa del exadministrador regional Rodrigo Martínez Fernández, acción que fue acogida por la Corte Suprema obligando al Ministerio Público a informar al imputado si era investigado en otras aristas del caso. 

Cuestionamientos por conflicto de interés: En septiembre de 2024 trascendió que el esposo de Cartagena, el abogado Álvaro Sepúlveda Sanhueza —académico y coordinador de litigio en el Consejo de Defensa del Estado— había realizado una asesoría verbal en diciembre de 2023 al Instituto Regional de Administración de Empresas (Irade), organización que posteriormente fue incluida en el Caso Convenios. La Fiscalía sostuvo que la asesoría se concretó antes de que se abriera la investigación penal contra Irade en agosto de 2024.

Macrozona Sur y violencia rural

En mayo de 2022, Cartagena fue designada a cargo de la investigación del robo de madera en la Macrozona Sur, donde se sospechaba la actuación de grupos radicales armados. Durante su cuenta pública de 2022, emplazó al mundo político a buscar soluciones más allá de la persecución penal, señalando que la fiscalía era "un parche a la solución real" y llamando al gobierno entrante a abrir espacios de diálogo.