La Contraloría General de la República (CGR), encabezada por Dorothy Pérez, asestó un revés a la Tesorería General de la República (TGR) al revocar la retención de impuestos que el servicio había aplicado para compensar deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), estableciendo que las cotizaciones de seguridad social deben tener preferencia por sobre el cobro de esta obligación.

El pronunciamiento se originó tras el requerimiento presentado por una trabajadora independiente, prestadora de servicios para la Municipalidad de Chonchi, quien reclamó ante el ente fiscalizador luego de que la TGR retuviera la devolución de su impuesto a la renta correspondiente al año tributario 2023. Esos recursos, que provenían de las retenciones efectuadas en sus boletas de honorarios, estaban destinados a cubrir sus cotizaciones previsionales obligatorias, las que finalmente debió pagar con dineros propios después de que la Tesorería los destinara a amortizar su deuda con el fisco por el crédito que utilizó para financiar sus estudios de educación superior.

La Contraloría acogió el reclamo y ordenó a la TGR devolver los montos imputados al pago del CAE, fundamentando su decisión en la necesidad de dar preeminencia al cumplimiento de las obligaciones previsionales del contribuyente. El criterio fija un precedente relevante para la ofensiva de cobranza que la Tesorería ha venido desplegando contra los deudores morosos del crédito universitario, particularmente respecto de trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios.

La resolución abre un flanco para futuras presentaciones de deudores que se encuentren en situaciones similares, en momentos en que el sistema de cobro del CAE y el debate por su reemplazo siguen siendo materia de discusión en el país.