Los Ángeles.– La sensación de abandono se ha vuelto rutina para los vecinos y comerciantes del centro de Los Ángeles. Mientras la delincuencia se instala con creciente descaro en pleno corazón urbano de la comuna, la respuesta policial llega tarde, muy tarde, o derechamente no llega a tiempo para impedir nada. Veinte, treinta, cuarenta y cinco minutos —y en no pocos casos, más de una hora— es lo que han debido esperar las víctimas para ver aparecer un carro institucional en el lugar de los hechos.

Y cuando finalmente arriban, ya no hay delito que frustrar, ni delincuente que detener, ni evidencia fresca que levantar. Solo queda tomar la constancia, ese trámite frío que convierte a Carabineros en un mero notario del despojo. La víctima entrega su relato, firma el documento y se va a casa con la certeza amarga de que nada cambiará.

El patrón se repite con una sistematicidad que ya no puede atribuirse a la mala suerte ni a un mal día operativo. Asaltos a transeúntes, robos a locales comerciales, lanzazos, portonazos, sustracciones a plena luz del día en arterias concurridas: el catálogo del delito crece, pero la presencia policial preventiva y la capacidad de respuesta inmediata parecen ir en sentido contrario. El centro de Los Ángeles, que debiera ser una de las zonas con mayor cobertura por su densidad comercial y peatonal, se ha transformado paradójicamente en un terreno fértil para quienes delinquen sabiendo que el tiempo juega a su favor.

Comerciantes consultados —que prefieren mantener la reserva por temor a represalias— coinciden en el diagnóstico: llamar al 133 se ha vuelto un acto casi simbólico. "Sabemos que nadie va a llegar a tiempo, pero igual marcamos, porque hay que dejarlo registrado", relatan. Otros derechamente han optado por no denunciar, alimentando la llamada cifra negra que distorsiona las estadísticas oficiales y permite que las autoridades sigan hablando de cifras manejables mientras la calle dice exactamente lo contrario.

Las explicaciones institucionales se conocen de memoria: falta de dotación, vehículos en mantención, llamados simultáneos, priorización de procedimientos. Todas pueden ser ciertas. Ninguna alcanza para justificar que el Estado, a través de su policía uniformada, esté faltando a su obligación más elemental: proteger a quienes cumplen la ley.

La pregunta que hoy se hacen los angelinos es incómoda y legítima. ¿Para qué sirve una respuesta policial que llega cuando el delincuente ya está a kilómetros de distancia? ¿Cuánto más debe esperar la ciudadanía para que la presencia de Carabineros en el centro deje de ser una excepción y vuelva a ser la norma?

Mientras no haya respuestas concretas —y sobre todo, resultados medibles en la calle— el titular seguirá siendo el mismo: Carabineros, el gran ausente.