Nacional
Crónica
Educación
27/05/2026
La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) será la primera institución que el gobierno de José Antonio Kast denunciará ante la Fiscalía como resultado de la auditoría aplicada al funcionamiento del Estado durante la administración de Gabriel Boric.
La decisión se enmarca en los hallazgos del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, que entregó los resultados preliminares de su tercer informe. En esa instancia, el organismo anunció la apertura de investigaciones particulares en cuatro instituciones: SernamEG y Prodemu, dependientes del Ministerio de la Mujer; la Subsecretaría de Transportes; la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID); y Junaeb.
De acuerdo con información recogida por La Tercera, el director de Junaeb, Fernando Peña, y la jefa del Departamento Jurídico, Catalina Poblete, sostendrán una audiencia con Eugenio Campos, director de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público. Tras ese encuentro se ingresará formalmente la denuncia, cuyos montos —de acuerdo con cálculos internos del servicio— sobrepasarían los 14 mil millones de pesos.
En paralelo, el organismo presentará una denuncia equivalente ante la Contraloría General de la República para perseguir responsabilidades administrativas. Esta gestión ya habría sido anticipada a la contralora Dorothy Pérez en una reunión previa.
El foco de la denuncia apunta a presuntos fraudes e irregularidades en licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE), con pagos por servicios no realizados y sobreprecios.
El antecedente más conocido se remonta a 2023, cuando en plena Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el entonces ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, el exdirector de Junaeb Cristóbal Acevedo denunció que en 2022 la institución habría pagado $3.500 millones por solo 30 colaciones en la Región de O'Higgins a la empresa Soser. En su momento, tanto Junaeb como la empresa proveedora desmintieron los hechos, e incluso Soser se autodenunció ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, causa que fue sobreseída definitivamente en 2024.
Si bien Contraloría instruyó un sumario y derivó antecedentes al Consejo de Defensa del Estado por el período 2021-2022, fuentes del gobierno actual sostienen que existen reparos no subsanados y, además, nuevos hallazgos correspondientes a 2023, último período del contrato con Soser. Esto explicaría el aumento del monto cuestionado hasta los $14.000 millones "mal pagados".
Camila Rubio, exdirectora de Junaeb durante el período auditado, rechazó tajantemente la denuncia y acusó motivaciones políticas detrás del anuncio. "Contraloría ha sido clara: nuestra gestión solucionó los problemas del pasado y descartó irregularidades. Esta campaña busca construir un relato para justificar el recorte de los beneficios sociales que con tanto esfuerzo hemos protegido", afirmó.
Rubio recordó que un informe de seguimiento de Contraloría habría señalado que las observaciones del informe fueron totalmente subsanadas luego de una revisión de antecedentes. A su juicio, lo que existió fue "un problema estructural asociado al diseño de la licitación del año 2020", y calificó la denuncia como una "noticia antigua" presentada como un nuevo descubrimiento, obedeciendo —según ella— "más a una necesidad mediática que a un descubrimiento real".
Las otras tres instituciones bajo escrutinio enfrentan cuestionamientos diversos. En el caso de SernamEG y Prodemu, los hallazgos apuntan a uso ineficiente y falta de control de recursos públicos y resultados. La ministra Judith Marín sostuvo que la información ya está en poder de Contraloría.
En la Subsecretaría de Transportes, dirigida por el biministro Louis De Grange, las observaciones se relacionan con graves problemas de control financiero, rendiciones pendientes y no cobro de multas y garantías. Por ahora, el MTT no ha entregado mayores detalles.
Finalmente, en ANID se detectaron altos niveles de rendiciones rechazadas y recursos pendientes de rendición. Desde la agencia indicaron que aún no han sido informados oficialmente del detalle de la auditoría, que abarcaría el período 2022-2026.
