Lo que comenzó como una pugna comercial circunscrita al sector de la salud privada regional terminó por abrir una inesperada caja de Pandora regulatoria. Un reciente informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), despachado directamente al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), ha puesto la lupa sobre un mecanismo institucional que mueve miles de millones de pesos al año, pero que suele operar fuera del radar del gran público: el seguro social obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

La controversia se encendió cuando la Unidad Coronaria Móvil y una filial del holding de clínicas regionales Andes Salud acudieron al TDLC. Su reclamo apuntaba al despliegue comercial que las mutualidades de empleadores —históricamente abocadas a la seguridad laboral obligatoria— vienen realizando en el mercado de la medicina común, ofreciendo planes de salud abiertos a particulares y empresas fuera de la cobertura de la Ley 16.744. Las clínicas privadas acusaron una cancha dispar y ventajas competitivas complejas de contrarrestar.

La paradoja del Plan de Salud No Laboral

El análisis técnico de la FNE, sin embargo, arrojó una primera conclusión que trajo un respiro parcial a los pasillos de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS): el organismo regulador descartó, por el momento, que la ACHS ostente una posición dominante en el mercado de la salud común que justifique medidas de mitigación drásticas o un desmantelamiento de su "Plan de Salud no Laboral". Para la Fiscalía, la irrupción de este actor incluso dinamiza un segmento de atención médica tradicionalmente concentrado.

Pero el alivio fue corto. En lugar de cerrar la carpeta, el organismo regulador optó por profundizar en la raíz estructural del sistema. El verdadero problema, advierte la FNE, no es lo que las mutuales hacen en su negocio privado, sino la forma en que se administra la gigantesca caja del seguro laboral obligatorio que financian todos los empleadores de Chile.

"Si el monto de la cotización obligatoria se ajusta estrictamente al costo real de proveer las prestaciones de seguridad laboral, se evitarán excesos de caja que terminen financiando de forma cruzada otros negocios de salud".

— Dictamen Técnico de la FNE ante el TDLC

El fantasma de los subsidios cruzados

La advertencia de la Fiscalía apunta directamente a la distorsión de incentivos. Al ser un seguro de afiliación obligatoria y cobro garantizado por ley, las mutualidades reciben un flujo constante y masivo de cotizaciones. Si esas tasas de cotización no están correctamente calibradas y arrojan excedentes sistemáticos, esos "excesos de caja" pueden ser utilizados de manera indirecta para subsidiar, expandir o sostener las divisiones comerciales de salud común.

Esta dinámica genera una asimetría estructural insalvable para las clínicas privadas ordinarias, las cuales deben financiar sus inversiones, infraestructura y capital de trabajo exclusivamente bajo las reglas del mercado y el riesgo comercial, sin el soporte de un impuesto o cotización obligatoria estatal a su favor.

El balón queda en la cancha del TDLC

Consciente de que una reestructuración total del modelo de mutuales exigiría reformas legislativas complejas y de largo aliento, la FNE propuso dos caminos inmediatos de contención para que el Tribunal evalúe y convierta en recomendaciones normativas directas hacia el Ejecutivo:

• Separación contable estricta o giro único: Obligar legalmente a las mutualidades a trazar una "muralla china" contable. Cada peso, costo, infraestructura o personal médico asignado al seguro obligatorio debe estar estrictamente segregado de las operaciones comerciales de salud común para evitar filtraciones financieras.

• Revisión periódica de tasas de cotización: Implementar un modelo de revisión constante de las cotizaciones bajo criterios económicos transparentes y objetivos. El fin es corroborar que el cobro a los empleadores responda al autofinanciamiento real del sistema y no a la acumulación de excedentes corporativos.

La crónica de esta batalla regulatoria apenas escribe su primer capítulo de peso. Con las cartas de la Fiscalía sobre la mesa, el TDLC deberá sopesar el impacto de un rediseño que promete cambiar las reglas del juego tanto para las mutualidades tradicionales como para el ecosistema de la salud privada en Chile.

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