En un importante giro respecto a sus proyecciones macroeconómicas, el Ministerio de Hacienda sinceró de manera oficial que no será posible alcanzar el equilibrio fiscal hacia el término del actual período de gobierno. Ante este panorama, las autoridades económicas han tenido que rediseñar la trayectoria de las finanzas del Estado, estableciendo un nuevo compromiso que apunta a un déficit estructural de 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) recién para el año 2030.

Este reconocimiento coincide con una compleja discusión legislativa en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. En dicha instancia, el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, defendió con firmeza el proyecto de ley que solicita un incremento de US$ 6.200 millones en el límite de endeudamiento fiscal para el año 2026.

El fantasma del límite del 45% de la deuda

De acuerdo con el titular de la Dipres, la ampliación del margen de endeudamiento es vital para la sostenibilidad económica del país. “Si no hacemos nada, vamos a superar rápidamente el 45%”, advirtió Gómez a los parlamentarios, haciendo alusión al techo prudencial fijado para la deuda pública.

El personero de gobierno enfatizó que el dinero estatal "no se inventa" y argumentó que la aprobación de este financiamiento adicional es indispensable si se desea cerrar el año con un nivel de gasto que guarde compatibilidad con las obligaciones y promesas ya contraídas por el Estado.

"La respuesta es que no vamos a poder servir la deuda", sentenció Gómez al ser consultado sobre un escenario en el que el Congreso rechace la iniciativa. Detalló que, de no prosperar la norma, el Ejecutivo se verá obligado a implementar severos y profundos ajustes a los presupuestos de todas las carteras y reparticiones públicas para evitar cruzar la línea roja del 45% del PIB.

Credibilidad ante los mercados internacionales

Durante su exposición, el director de la Dipres subrayó que la gestión de esta encrucijada fiscal será mirada de cerca por las agencias clasificadoras de riesgo internacionales. Explicó que los evaluadores externos pondrán el foco en tres puntos críticos: la credibilidad de las cifras presentadas, la viabilidad de la trayectoria diseñada para el pago de la deuda y, fundamentalmente, el cumplimiento estricto del plan que se trace.

Ante las críticas por la administración de los recursos del Estado, Gómez aseguró que la Dirección de Presupuestos se encuentra actualizando diversos procesos para racionalizar y optimizar el gasto público. En este sentido, adelantó que comenzarán a evaluar el erario nacional bajo una lógica de mediano plazo y que pondrán especial atención en aquellos programas públicos que, pese a contar con evaluaciones deficientes, continúan recibiendo fondos de manera sistemática.

Con este nuevo diseño, el equipo económico liderado por Hacienda busca estabilizar el rumbo fiscal, reconociendo las dificultades estructurales actuales pero intentando entregar una señal de responsabilidad a mediano y largo plazo a los mercados y la ciudadanía.