En un hito inédito para la descentralización y la justicia administrativa, la Dirección de Presupuestos (Dipres) confirmó que el Gobierno Regional (Gore) del Biobío podrá retener y redistribuir el 50% de los recursos públicos recuperados tras los fraudes y malas ejecuciones detectadas en el marco del denominado "Caso Convenios".

Así lo dio a conocer el Gobernador Regional, Sergio Giacaman García, destacando que la medida quiebra la norma habitual, bajo la cual la totalidad de los fondos restituidos debían retornar a las arcas de la Tesorería General de la República a nivel central, perdiéndose el rastro de la inversión local.

Un retorno multimillonario a las arcas locales

Las gestiones para la restitución de estos dineros públicos —provenientes de programas mal ejecutados, convenios no ejecutados o directamente fraudulentos— se iniciaron con fuerza durante el año 2025. A través de una ofensiva que combinó cobros administrativos, la ejecución de boletas de garantía y un abanico de acciones judiciales, los equipos jurídicos y financieros lograron un éxito sin precedentes.

A la fecha, el balance de lo recuperado es contundente:

• Monto total recuperado: Más de $10.000 millones de pesos.

• Destino original: Retorno directo al fisco central (Tesorería).

• Nuevo acuerdo: $5.000 millones (el 50%) se quedan en la Región del Biobío.

El fruto de la insistencia regional

La confirmación llegó tras una serie de intensas reuniones y peticiones formales lideradas por el gobernador regional, quien insistió ante el Ejecutivo sobre la necesidad de que los recursos asignados originalmente al Biobío se quedaran en el territorio para reparar el daño causado por las fundaciones cuestionadas.

"Hoy, durante una reunión con la Dipres, nos confirmaron que el 50% quedará a disposición del Gore para poder invertirlo", señalaron desde el Gobierno Regional, valorando profundamente el exhaustivo trabajo técnico y legal de las unidades internas que hicieron posible este retorno de capital.

Inversión directa en la calidad de vida

Con este millonario "reingreso" presupuestario, las autoridades locales aseguraron que el foco estará puesto en revertir el impacto de los proyectos que quedaron truncos. Los nuevos recursos serán inyectados directamente en iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las tres provincias de la región, priorizando la infraestructura comunitaria, la seguridad y el desarrollo social.

Este dictamen de la Dipres sienta un precedente clave para las regiones del país, demostrando que la fiscalización activa no solo persigue responsabilidades penales, sino que también puede traducirse en más y mejores recursos para la ciudadanía.