Un grupo transversal de diputados y senadores presentó este viernes un proyecto de reforma constitucional que busca elevar los requisitos y quórums para las acusaciones constitucionales, con el objetivo de limitar su uso y reforzar su carácter excepcional.

La iniciativa es impulsada por parlamentarios de distintos sectores, entre ellos el diputado Diego Schalper (RN), el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), la senadora Andrea Balladares (RN), la diputada Gael Yeomans (FA), el senador Diego Ibáñez (FA), el senador Juan Luis Castro (PS), la senadora Paulina Vodanovic (PS), entre otros.

Según explicaron, la propuesta apunta a "poner fin a la temporada de acusaciones constitucionales", en medio de críticas por su uso reiterado en los últimos períodos legislativos.

De acuerdo con los impulsores, el proyecto surge como respuesta al desgaste institucional y a la paralización que -afirma- ha generado el uso frecuente de este mecanismo.

En esa línea, sostienen que el aumento de acusaciones ha contribuido a la polarización política y ha desviado la atención de temas prioritarios como la seguridad, el crecimiento económico y la salud.

"La inmensa mayoría de los chilenos no ve las acusaciones constitucionales como un control serio, sino como una pérdida de tiempo y una pelea entre políticos mientras la delincuencia avanza, la economía sigue estancada y las listas de espera en salud siguen creciendo.

Llevamos pocos meses de periodo legislativo y ya se instaló la lógica de la acusación permanente. Queremos dar un punto de inflexión para entregar gobernabilidad y estabilidad al país. Esto no se trata de proteger a ninguna autoridad ni de dar impunidad, se trata de exigir seriedad y rigor", señalaron los parlamentarios.

Qué plantea el proyecto de ley

Entre las principales modificaciones, la propuesta plantea duplicar el número de firmas necesarias para presentar una acusación constitucional -pasando de 10 a al menos 20 diputados-, además de exigir que su aprobación requiera la mayoría de los parlamentarios en ejercicio y no solo de los presentes en sala.

Asimismo, el texto establece la obligación de realizar una interpelación previa en el caso de acusaciones contra ministros de Estado, con el fin de agotar las instancias de control político antes de recurrir a la destitución.

A esto se suma una mayor exigencia en las causales, estableciendo que las infracciones a la Constitución o las leyes deben ser "abiertas", es decir, evidentes y comprobables.

Los impulsores recalcaron que la iniciativa no busca restringir las facultades fiscalizadoras del Congreso, sino fortalecer su legitimidad, asegurando que este mecanismo se utilice con fundamentos sólidos y amplios respaldos políticos.