Un complejo escenario enfrentan las empresas de servicios sanitarios en el país. El robo de medidores de agua potable se ha vuelto un problema crítico, registrando un alarmante incremento en los últimos años: los delitos se duplicaron entre 2023 y 2025, pasando de 4.265 a 8.256 unidades anuales, según datos de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).

La situación es aún más dramática si se compara con el escenario prepandemia de 2019, período respecto al cual los hurtos casi se han quintuplicado.

El mercado informal de la chatarra: el motor del delito

La principal causa detrás de esta ola de robos es el alto valor del cobre y el bronce en el mercado informal de chatarra. Los delincuentes extraen estos equipos bajo una lógica similar a la que afecta al cableado eléctrico o de telecomunicaciones, buscando revender los metales de los más de seis millones de medidores instalados a nivel nacional.

Si bien las unidades robadas representan menos del 1% del total del parque del país, el impacto es inmediato y severo:

• Pérdida de agua masiva: Aguas Andinas estima que cada medidor vandalizado provoca una fuga de aproximadamente 1,5 metros cúbicos de agua por hora.

• Impacto comunitario: Aunque las pérdidas de agua y los costos de reposición no se cobran a los clientes, las familias afectadas sufren interrupciones inmediatas de su suministro de agua potable.

Las regiones más afectadas y la respuesta tecnológica

Fuera de la Región Metropolitana, las zonas del centro-sur del país muestran números preocupantes. En los últimos tres años, Essbio (que opera en O'Higgins, Ñuble y Biobío) registró 3.849 robos, mientras que Nuevosur (en el Maule) reportó 1.676. El delito se concentra con fuerza en grandes centros urbanos como Rancagua, Concepción, Talcahuano, Chillán y Curicó.

Para frenar esta crisis, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess) y las distintas compañías iniciaron un plan de contingencia: el fin de los medidores tradicionales de metal.

Los equipos antiguos están siendo reemplazados de forma prioritaria por nuevos modelos fabricados con materiales composite (plásticos tecnológicos de alta resistencia sin valor de reventa en el mercado informal) y sistemas modernos de telelectura digital. Con este recambio tecnológico, respaldado por la SISS, las autoridades esperan quitarle el incentivo económico a las bandas delictuales y poner freno definitivo a los robos.