La encerrona registrada en San Bernardo, que dejó como resultado la muerte de un niño de 12 años, ha vuelto a poner en el foco el tema de la seguridad, un factor clave en el "gobierno de emergencia" del Presidente José Antonio Kast.

"Espero (...) sean condenados por el resto de su vida", dijo el Mandatario tras conocerse la detención de cuatro sujetos; justamente el cuarto se entregó y se trata de un adolescente de 17 años. Aún hay un quinto sujeto de interés que es buscado por las policías.

El adolescente de 17 años mantiene antecedentes por robo con intimidación y receptación de vehículo motorizado, lo que le había valido dos ingresos al Plan de Seguridad Integrada (PSI) -en abril de 2024 y en marzo de 2026- que es un programa de intervención 24 horas, que busca restituir los derechos vulnerados y prevenir conductas de riesgo en niños, niñas y adolescentes (NNA).

El hecho de que uno de los imputados sea menor de edad provocó que varias voces pidieran acelerar la tramitación de una reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que se encuentra en el Senado en su segundo trámite constitucional.

El proyecto busca actualizar la normativa vigente para enfrentar la nueva realidad delictual, fortaleciendo las sanciones para los delitos más graves, estableciendo un tratamiento más estricto para los menores reincidentes y entregando mayores herramientas al sistema para enfrentar el uso de adolescentes por parte de organizaciones criminales.

Alcaldes acelerar tramitación

El diputado de Republicanos, Cristián Araya, dijo respecto a la tramitación de la normativa que "el proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados. Ahora es fundamental que el Senado acelere su tramitación".

"No podemos seguir enfrentando una delincuencia cada vez más violenta con una legislación que quedó atrás. Esta reforma es una herramienta necesaria para enfrentar el avance del crimen organizado y proteger a las familias chilenas", enfatizó.

Quienes también expresaron sus preocupaciones en la materia fueron los alcaldes de Providencia, Vitacura, Colina, y Ñuñoa, entre otros, quienes piden que la normativa se actualice.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, profundizó esta mañana a Tele13 Radio que el escenario es complejo: "menores de edad que comenten estos delitos en Ñuñoa son el 50%, en Vitacura en 70%, en San Miguel el 60%, y por lo tanto lo que vemos es que los tours delictuales, turbazos, portonazos, los cometen menores de edad".

El alcalde criticó que cuando se modificó la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, "empieza a pasar una tragedia que es la tendencia de que en el 95% de los casos tienen régimen semicerrado de detención, para quienes tienen entre 14 y 17 años".

En la práctica, afirmó, "los llaman para hacer control de dónde están y vuelven a cometer delitos, y saben que son ininputables. Además, sus penas llegan hasta los 5 años en caso de homicidio y 3 años en caso de delitos violentos, y además, se les limpian los antecedentes cuando cumplen 18 años. Entonces es el mundo ideal para cometer delitos", cuestionó el alcalde.

En esa línea, Sichel abogó porque el proyecto de ley que está en el Senado se tramite, porque "soluciona esto de una manera bien simple: que los delitos con violencia contra las personas o propiedad tengan régimenes cerrado de detención, mientras el Estado arregla su problema de reinserción social. El fracaso de la política de reinserción no puede ser pagada por los ciudadanos".

Gobierno abierto al debate, pero con cautela

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, no descartó la posibilidad de revisar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. "Como país tenemos que dar un debate.

Efectivamente, acordamos con el ministro de Justicia, avanzar en el análisis para estudiar la reducción de la edad de responsabilidad penal", planteó. Agregó que también se buscará estudiar correcciones para los casos en que esa persona privada de libertad cumple los 18 años, "pasen a la población penal adulta".

Por su parte, el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, dijo que es una cuestión que está analizando, pero "también debe ser debidamente ponderada", reconociendo los problemas de rehabilitación que presenta el sistema. "No es tan sólo que bajemos la edad para que una persona sea responsable, sino que también hay un intermedio que debemos analizar correctamente.

Se está analizando, no queremos tomar una decisión apresurada, porque este va a ser un debate bastante acalorado", partió señalando. "¿Desde qué momento, un niño o un joven es imputable penalmente?

Hoy día desde los 18 años de edad va a cumplir condena, pero también tenemos estas situaciones intermedias desde los 16 años en adelante... pero el problema ya no son los 16 años, sino que en algunos casos son menores que tienen una edad entre los 12 y los 14 años los que mayormente están cometiendo este delito", agregó el subsecretario.

En ese sentido dijo entender la petición de los alcaldes, "pero si no tenemos un sistema que responda adecuadamente, que ayude a prevenir los delitos, que los rehabilite y los reinserte, al final va a ser tomarlos, colocarlos en la cárcel para que aprendan a delinquir de manera profesional, y en definitiva, un delincuente profesional, dadas las falencias de nuestro sistema de rehabilitación", planteó.

"El problema de colocar un menor en la cárcel es justamente la posibilidad que el crimen organizado no tan solo lo reclute sino que también lo utilice una vez que este menor salga de la cárcel.

En definitiva se traspase a la sociedad chilena esa forma de delinquir mucho más audaz, mucho más violenta y que no tiene ningún tipo de temor a la organización", cerró.