La nueva gestión del Ministerio de Obras Públicas (MOP), encabezada por Martín Arrau, inició una serie de medidas orientadas, entre otros objetivos, a disminuir las tarifas de peajes y del sistema TAG. Esta última alternativa aparece como uno de los avances más relevantes en caso de concretarse.

Fuentes cercanas al Ejecutivo y a la industria de las concesionarias —principalmente autopistas urbanas— confirmaron que las conversaciones ya están en marcha. De avanzar, la medida podría convertirse en un alivio significativo para el bolsillo de los automovilistas.

Las conversaciones, que se llevaron a cabo hace algunos días, plantearon como objetivo avanzar en una rebaja de las tarifas del TAG que podría alcanzar hasta un 30% en ciertos casos.

No obstante, debido a que cada contrato de concesión presenta condiciones distintas, una eventual disminución no sería uniforme. Es decir, algunas autopistas podrían experimentar reducciones importantes —de hasta 30%—, mientras que otras tendrían un impacto menor o incluso inexistente.

Esto responde a que algunas concesionarias cuentan con mayor flexibilidad y condiciones financieras menos exigentes, mientras que otras operan bajo esquemas más estrechos y rígidos, lo que limita el margen para aplicar eventuales rebajas en el precio del TAG.

Uno de los mecanismos que se evalúa para implementar esta reducción consiste en extender los plazos de las concesiones, de manera de compensar la menor recaudación tarifaria con un mayor período de explotación.

Sin embargo, esta alternativa enfrenta restricciones. De acuerdo al citado medio, existen contratos con plazos fijos o estructuras de financiamiento que dificultan su modificación, por lo que será necesario un análisis detallado caso a caso.

En paralelo, también se contempla el escenario de los contratos más recientes, aquellos que incluyen mecanismos de reparto de ingresos entre el Estado y las concesionarias. En estos casos, una opción sería ajustar el porcentaje que recibe el privado, con el fin de compensar la baja tarifaria sin afectar sus proyecciones financieras.

Pese a ello, esta alternativa también presenta limitaciones, ya que en algunos contratos los ingresos fiscales comprometidos no pueden reducirse.

Finalmente, una tercera vía apunta a las futuras relicitaciones de obras. Cuando una empresa se adjudica una concesión —especialmente aquellas orientadas a la mantención de infraestructura existente, como futuras licitaciones de Autopista Central o Costanera Norte— debe realizar un pago inicial relevante.

Desde la industria explican que una eventual reducción de este desembolso podría traducirse en menores tarifas para los conductores que transitan por estas autopistas.

Por ahora, no existe una fecha definida ni confirmación oficial por parte del MOP. No obstante, el organismo continúa en conversaciones con las concesionarias para alcanzar un acuerdo en el corto plazo.