El Gobierno formalizó el ingreso a través del Senado, con suma urgencia, del proyecto de reforma constitucional contra el crimen organizado y el terrorismo, iniciativa enmarcada en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) presentada por el Presidente José Antonio Kast.

La propuesta reabre la discusión sobre la Carta Fundamental al establecer que la protección de la seguridad de las personas constituye un deber primordial del Estado.

A pesar de que tras los procesos constituyentes de 2022 y 2023 existía consenso en el mundo político sobre no insistir en debates constitucionales, el Ejecutivo argumentó que no se trata de una modificación de carácter refundacional, sino de adecuaciones precisas para dotar a las instituciones de instrumentos de persecución penal más ágiles.

La defensa del Ejecutivo y el oficialismo

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendió la conveniencia y proporcionalidad de la propuesta del Gobierno, afirmando que se trata de "una reforma constitucional en tres ejes, bien acotada, para dar algunas funciones y atribuciones nuevas en términos de seguridad. Son herramientas nuevas".

Asimismo, enfatizó además que el tema de la delincuencia debe abordarse con una lógica distinta a los debates económicos, subrayando que el Ejecutivo percibe un respaldo "más o menos amplio" en el Congreso.

En esa misma línea, el presidente del Partido Republicano y senador, Arturo Squella, respondió a los cuestionamientos -entre ellos de la exministra del Interior Carolina Tohá (PPD)- que acusan un descuido de la gestión en terreno por priorizar la discusión legislativa.

En concreto, la propuesta enviada por La Moneda contempla tres modificaciones sustanciales:

• Obligación estatal: Incorpora la seguridad pública como una obligación del Estado en el artículo 1 de la Constitución.
• Delito de pertenencia: Establece un listado de organizaciones criminales y terroristas, asociado a una nueva tipificación penal de pertenencia a estas agrupaciones.
• Nuevo estado de excepción: Incluye un estado de excepción constitucional inédito, que permitirá al Presidente decretarlo ante situaciones de grave alteración de la seguridad pública.

"No sorprenden los comentarios de la exministra. Ella es parte de quienes se sienten cómodos con un sistema garantista, en donde la proporcionalidad en el uso de la fuerza es la regla general, en donde eran más importantes los derechos de las personas que están privadas de libertad más que los de las víctimas", afirmó el legislador.

La agenda legislativa perfectamente se puede hacer en paralelo con el trabajo operativo que está liderando el ministro Arrau", puntualizó el republicano.