La discusión sobre cómo enfrentar la obesidad y otras enfermedades asociadas a la alimentación abrió un nuevo frente en el Congreso: sumar una advertencia específica para los llamados alimentos ultraprocesados.

La propuesta busca complementar el actual sistema de sellos negros que informa sobre excesos de azúcar, sodio, grasas saturadas y calorías, pero su tramitación ha puesto sobre la mesa una disputa que va más allá de una etiqueta. Las discrepancias se marcan en cómo definir científicamente qué productos deben quedar bajo esa categoría y qué efectos regulatorios tendría.

Desde octubre de 2024, la Comisión de Salud del Senado analiza la posibilidad de incorporar un quinto sello. La iniciativa apunta a los alimentos que, bajo la clasificación Nova, corresponden a productos industriales formulados con múltiples ingredientes y aditivos, entre ellos bebidas, snacks, galletas, sopas instantáneas, nuggets, algunos helados y comidas preparadas.

El proyecto también contempla restricciones a la publicidad dirigida a menores de 14 años. El problema es que, aunque existe coincidencia en que el deterioro de los indicadores de obesidad constituye un desafío sanitario, no hay acuerdo respecto de la herramienta.

Quienes respaldan la iniciativa sostienen que estos productos pueden afectar mecanismos relacionados con la saciedad, la digestión y la microbiota, mientras sus detractores cuestionan que "ultraprocesado" sea una categoría con una definición científica y normativa suficientemente precisa para transformarse en una obligación legal.

La controversia también alcanzó al sector productivo. En la industria señalaron que una nueva denominación podría afectar los procesos de reformulación que se han realizado durante la última década para reducir azúcar, grasas y calorías, además de generar dificultades para las empresas que exportan o importan alimentos hacia mercados con regulaciones diferentes.

Qué se entiende por "ultraprocesado"

La clasificación que está en el centro del debate es Nova, desarrollada por investigadores de la Universidad de São Paulo y estructurada en cuatro niveles. El cuarto grupo corresponde a productos industriales que incorporan componentes como aditivos, saborizantes, emulsificantes, colorantes, edulcorantes y espesantes, entre otros, con formulaciones orientadas a lograr productos atractivos, durables y listos para consumir.

Para Camila Corvalán, directora del Centro de Investigación en Ambientes Alimentarios y Prevención de Enfermedades Crónicas (Ciapec), la diferencia respecto de los alimentos tradicionales está precisamente en el tipo de procesamiento y composición. "No solo contienen los ingredientes tradicionales en nuestras cocinas, sino aditivos, químicos. También han sufrido transformaciones físico-químicas y a nivel celular molecular por la forma en que han sido producidos", afirmó.

La especialista sostuvo que sus investigaciones han identificado mecanismos que podrían vincular el consumo de estos productos con problemas de salud. Entre ellos menciona inflamación crónica, alteraciones en el control de la saciedad y cambios en la digestión y la microbiota, factores que, según plantea, pueden contribuir al riesgo de obesidad, diabetes, algunos tipos de cáncer y depresión. Pero precisamente la amplitud de la clasificación Nova se ha convertido en uno de los principales obstáculos para llevarla al terreno regulatorio.

La discusión parlamentaria ha buscado determinar si esa clasificación puede transformarse directamente en un criterio legal o si requiere modificaciones que permitan adaptarla a las exigencias de una política pública.

¿Una categoría difícil de llevar a la ley?

El Instituto Libertad y Desarrollo cuestionó la utilización de Nova como base regulatoria. En un informe, planteó que "los criterios Nova son ambiguos y subjetivos, dificultando su uso efectivo" e indicó que la categoría no forma parte del Reglamento Sanitario de los Alimentos ni de normas internacionales como el Codex Alimentarius de la FAO y la OMS.

Trinidad Schleyer, abogada del programa Legislativo de LyD, señaló que Chile puede establecer regulaciones propias, pero afirma que estas deben contar con sustento suficiente. "No significa que Chile tenga prohibido innovar regulatoriamente, pero sí que debe contar con una justificación técnica y científica robusta", afirmó.

Según Schleyer, si cada mercado establece su propio estándar para determinar qué es un alimento ultraprocesado, las compañías tendrían que modificar productos y envases según cada jurisdicción, con mayores costos y menores posibilidades de armonización. "Esto iría en contra precisamente de uno de los objetivos del sistema de comercio internacional, que es facilitarlo y evitar que las diferencias regulatorias se transformen en barreras innecesarias", aseveró Schleyer.

La industria pone el foco en los productos reformulados

Para las empresas agrupadas en AB Chile, el proyecto introduce una incertidumbre adicional sobre un sistema que ya generó cambios importantes en la oferta alimentaria. La industria destaca que la Ley 20.606, vigente desde hace una década, impulsó la reformulación de productos para disminuir componentes como azúcar, grasas y calorías, permitiendo en algunos casos retirar los sellos de advertencia de los envases.

El temor del sector es que esas modificaciones pierdan parte de su efecto si un producto que logró reducir sus nutrientes críticos continúa siendo identificado como "ultraprocesado" por su composición o proceso de elaboración. Marisol Figueroa, gerenta general de AB Chile, afirmó a El Mercurio que el debate legislativo se está desarrollando sin un consenso internacional sobre la categoría.

"Hemos seguido con atención esta iniciativa que está en primer trámite constitucional, ya que se trata de un proyecto de ley que se discute sin existir consenso científico y pretende incorporar a la legislación chilena una categoría que aún no cuenta con una definición internacionalmente aceptada como para generar nuevas obligaciones legales".

Desde el sector también se cuestiona que exista evidencia suficiente para atribuir directamente a los ultraprocesados el origen de la obesidad y de otras enfermedades.

Susana Sokolovsky, doctora argentina especializada en el área alimentaria y consultada por la industria, planteó al mismo medio que "no es un término reconocido por la ciencia ni por la normativa alimentaria, eso es fundamental (...) Lo cierto es que la elaboración de alimentos y bebidas en el mundo entero está guiada por las normas del Codex Alimentarius, y en Chile por las normas que rigen el reglamento sanitario".

Los impulsores del quinto sello

La senadora María José Gatica, autora del proyecto, planteó que "presenté este proyecto de ley porque las familias tienen derecho a saber realmente qué contienen los productos que llevan a su mesa y a tomar decisiones informadas para proteger su salud". "La Ley de Etiquetado ha sido un avance importante, pero que hoy sigue incompleta.

Los sellos advierten sobre el exceso de azúcar, sodio, grasas saturadas y calorías, pero no sobre los ingredientes y aditivos de origen químico-industrial presentes en los alimentos ultraprocesados.

Su consumo excesivo está asociado a enfermedades como obesidad, diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares e incluso algunos tipos de cáncer".

La preocupación sanitaria se apoya, además, en el deterioro de los indicadores de obesidad. Según una publicación de la FAO citada en los antecedentes del debate, Chile pasó de registrar un 25,1% de obesidad adulta en 2016 -octavo entre los países de la OCDE- a un 34,4%, ubicándose actualmente en el segundo lugar del grupo, solo detrás de Estados Unidos.

"La obesidad y sobrepeso en Chile son graves y cercanos a países como estados Unidos o México. Las causas son múltiples, pero entre ellas está el consumo de alimentos ultraprocesados", dijo el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro.

¿Nueva fórmula?

De todos modos, las diferencias sobre cómo definir los productos llevaron a los propios parlamentarios a evaluar modificaciones. Castro comentó que el objetivo es evitar que la regulación termine enfrentando cuestionamientos internacionales.

"Estamos recogiendo criterios más amplios que los de Nova para tener un criterio técnicamente aceptable para nuestro país, que armonice la evidencia científica sin sobrepasar los acuerdos internacionales", dijo.

Gatica también abrió la puerta a revisar la fórmula inicial: "Estamos abiertos a evaluar si la mejor solución es incorporar un quinto sello o realizar una actualización más integral del sistema, que mantenga la efectividad".

Gatica sostuvo que la discusión requiere más tiempo. La comisión tenía previsto votar el proyecto el 3 de agosto, pero optó por continuar estudiándolo y considerar la perspectiva de otros ministerios.