Un grupo de 338 pensionados bajo la modalidad de rentas vitalicias presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso para evitar el retiro anticipado de estos fondos, lo que se enmarca en el proyecto del cuarto retiro de los fondos previsionales y que actualmente se encuentra en el Senado. 

Esta medida ya había sido adelantada por el abogado patrocinante, Pedro Echeverría, quien representa a los pensionados que están contra el retiro anticipado de las rentas vitalicias, algo que ya se vio en el proyecto del tercer retiro, y que según expertos y las mismas compañías, de darse una segunda vez, las empresas aseguradoras podrían caer en insolvencia. 

"Las graves consecuencias del proyecto de ley son públicamente conocidas. Prácticamente todos los expertos y reguladores financieros de nuestro país han advertido que el 'segundo anticipo' de rentas vitalicias dispuesto (...) erosiona la solvencia de las compañías de seguros de vida afectadas, empujando a muchas a una inminente situación de cesación de pagos y, por tanto, compromete el pago de las pensiones de todos los jubilados con rentas vitalicias en esas entidades", indica el documento.

El recurso de protección fue presentado contra el Presidente Sebastián Piñera; el Senado y la Cámara de Diputados, basándose en la "actuación arbitraria y abiertamente contraria a las garantías constitucionales consagradas en los números 1° y 24° del artículo 19 de la Constitución", por lo que constituiría una amenaza al derecho de propiedad reconocido. 

Además, la situación de "incertidumbre que genera esta amenaza es fuente de constante angustia y estrés para los pensionados, perturbando, desde hace ya varios meses, el derecho a la integridad psíquica", apuntando a que la iniciativa parlamentaria "no contempla mecanismo alguno para resarcir este menoscabo patrimonial" y que podría constituir "un verdadero tiro de gracia a las rentas vitalicias, que afectaría a los mismos pensionados que el proyecto de ley supuestamente busca ayudar". 

Asimismo, se sostiene que esta iniciativa "amenaza el pago de más de 600 mil rentas vitalicias, incluyendo aquellas que mes a mes reciben los 338 pensionados que interponen esta acción y los más de 1.200 que han manifestado su intención de adherirse a ella", recalcando que el proyecto es "una amenaza actual y seria al derecho de propiedad".