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El Partido Demócrata Cristiano (PDC) — Comunal Los Ángeles ha emitido una declaración pública para fijar su postura frente al Mensaje N° 134-374, presentado por el Ejecutivo el pasado 10 de agosto de 2026, el cual impulsa una reforma constitucional orientada a fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública y a crear un nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública.

Si bien la colectividad reconoce la urgencia de enfrentar la delincuencia y el crimen organizado, advierte que el proyecto contiene vacíos críticos y una excesiva concentración de poder que pone en riesgo las garantías democráticas.

Puntos Clave de la Declaración

• Diagnóstico compartido, remedio cuestionable: Desde la doctrina social cristiana se reconoce el deber positivo del Estado de proteger a la ciudadanía. Sin embargo, el partido sostiene que la solución pasa por mejorar la gestión y ejecución de las atribuciones ya existentes, en lugar de recurrir a la vía más costosa e irreversible de modificar la Carta Fundamental.

• Falta de control judicial expreso: Se critica que el nuevo artículo 42 bis —que permite declarar estado de excepción por hasta 240 días bajo mando militar y restringir libertades fundamentales— no consagre explícitamente el control jurisdiccional en su texto, remitiéndolo de forma incierta a futuras leyes orgánicas.

• Calificación de organizaciones por la vía ejecutiva: El PDC rechaza que el Presidente de la República, junto con informes de entidades que no son tribunales (como el Consejo de Seguridad Nacional), pueda calificar a agrupaciones como terroristas o de crimen organizado, advirtiendo sobre los riesgos históricos del uso político de estas atribuciones fuera del debido proceso.

• Indefinición en registros criminales: El partido observa vacíos en las modificaciones al artículo 19, señalando que la creación de un registro con efectos en la responsabilidad penal deja en la ambigüedad sus consecuencias jurídicas reales.

• Dignidad humana y proporcionalidad de penas: Se cuestiona la inhabilidad perpetua y la restricción por 15 años de prestaciones sociales básicas (salud, educación, seguridad social y trabajo) para condenados, argumentando que esto afecta también a sus familias y dificulta la reinserción social, acercándose a una pena perpetua encubierta.

• Ausencia de prevención: La colectividad lamenta que toda la arquitectura del proyecto sea estrictamente punitiva y represiva, omitiendo por completo políticas públicas orientadas a la prevención y a combatir las causas estructurales del delito en las nuevas generaciones.

"Seguridad y Estado de Derecho no son objetivos en tensión, sino dos exigencias de una misma concepción del poder limitado y, a la vez, eficaz. Un Estado sin límites amenaza la libertad; un Estado incapaz de proteger abandona a sus ciudadanos", recalca el comunicado del partido comunal.

El PDC de Los Ángeles concluye exigiendo al Ejecutivo y al Congreso introducir los contrapesos necesarios para garantizar que el combate contra la criminalidad no debilite los estándares constitucionales ni los derechos fundamentales de los ciudadanos.