El Congreso despachó a ley el proyecto "Ordenemos la Cuenta", impulsado por el Ministerio de Energía, que busca saldar la deudas pendientes con las empresas distribuidoras de manera de evitar alzas en las cuentas de la luz, además de extender por un año más el subsidio eléctrico para las familias más vulnerables.

La iniciativa, presentada por el Ejecutivo el 23 de junio, contó con unanimidad en el Senado y una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, votación que se resolvió con 117 votos a favor, 4 en contra y 8 abstenciones.

La ministra de Energía, Ximena Rincón, valoró la rapidez con que avanzó la ley y su importancia para los hogares del país. "No solamente hemos legislado el pagar la deuda —que había que pagarla y que si este proyecto hoy día no se aprobaba se empezaba a cobrar de manera inmediata a todos y todas en nuestro país— sino que lo hemos hecho recogiendo mejoras que eran necesarias (...) también se recoge la posibilidad de extender el subsidio para el próximo año 2027, que no estaba en la legislación", afirmó la secretaria de Estado.

El corazón del proyecto apunta a resolver el atraso en el pago del Valor Agregado de Distribución (VAD) correspondiente al periodo 2020-2024, que acumula 43 meses de retraso —producto de la pandemia y el estallido social— y que representa una deuda cercana a los US$900 millones con las empresas distribuidoras. Sin una fórmula para ordenar este pago, las cuentas de la luz habrían subido cerca de un 4% a nivel nacional.

En cambio, el mecanismo aprobado permitirá pagar esa deuda de forma gradual entre 2028 y 2035, aprovechando la baja que de todos modos experimentarán las cuentas ese año por la disminución del cargo del Mecanismo de Protección al Cliente (MPC), creado en 2022 para sanear la deuda con las generadoras tras el congelamiento tarifario.

Así, mientras ese cargo caería de $22 a $9 por kWh en 2028, el proyecto suma $5 por kWh adicionales para financiar la nueva deuda, quedando en $14 por kWh: una reducción neta para las familias, pero que además evita que se genere una deuda nueva hacia adelante.

Según explicó Rincón cuando presentó el proyecto, "la fórmula para pagar la deuda va a ser la misma que se utilizó para sanear la deuda con las generadoras.

Una institución financiera va a pagar directamente la deuda completa con las distribuidoras y cada uno de los chilenos va a ir pagando mes a mes desde el 2028 hasta el 2035".

La ley también aborda el retraso de 28 meses en el ítem de transmisión, extendiendo el decreto tarifario 2020-2023 hasta el 31 de diciembre de 2028, de modo que desde 2029 el sistema opere sin nuevos atrasos ni deudas para las familias.

Otros cambios

Entre los cambios incorporados durante la tramitación, se extendió la cobertura del beneficio para clientes electrodependientes y se estableció que las empresas no podrán trasladar a las cuentas de la luz las multas cursadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). El proyecto también prorroga el subsidio eléctrico durante todo 2027 para los hogares más vulnerables.

Otro punto relevante es la incorporación de un mecanismo para que la Comisión Nacional de Energía (CNE), con autorización previa del Ministerio de Energía, pueda negociar por única vez los contratos de suministro con las empresas generadoras, con el objetivo de conseguir condiciones que permitan bajar las tarifas eléctricas.