La burocracia y los extensos procesos administrativos continúan golpeando con fuerza al sector inmobiliario y de la construcción en el país. De acuerdo con el último análisis de la consultora Colliers, las regiones de Los Lagos, Biobío y O’Higgins figuran a la cabeza de las zonas con mayores demoras y tramitaciones excesivas para la materialización de proyectos habitacionales.

El informe detalla un panorama crítico respecto a la evolución de la llamada «permisología». Mientras que hace una década los tiempos de tramitación —que agrupan desde el ingreso de un anteproyecto y permisos de edificación hasta la recepción final, sumando fases de construcción y normativas— se extendían por aproximadamente 1.300 días, en la actualidad estos plazos escalan hasta los 2.000 días en promedio, lo que equivale a casi seis años de gestión.

Impacto directo en el bolsillo de las familias

Los expertos advierten que este incremento sostenido en los tiempos de tramitación no solo representa un dolor de cabeza logístico y financiero para las inmobiliarias y constructoras, sino que tiene un correlato directo en el valor final de los inmuebles.

Según el catastro de Colliers, esta prolongada tramitación se traduce en sobrecostos que rondan los $12 millones por proyecto, cifras que en última instancia terminan siendo traspasadas al comprador final. Se estima que los retrasos acumulados elevan los costos de las viviendas en torno a un 10%, dificultando aún más el acceso a la casa propia en un escenario económico desafiante, marcado por mayores exigencias de renta por parte de la banca y un encarecimiento generalizado del costo de vida.

Un problema estructural

El informe pone sobre la mesa la urgencia de agilizar los procesos de revisión en las Direcciones de Obras Municipales (DOM) y en los distintos servicios públicos involucrados a lo largo del país. Las regiones líderes en este ranking de demoras (Los Lagos, Biobío y O’Higgins) reflejan cómo la combinación de factores regulatorios, trabas operativas y la falta de estandarización administrativa continúan restando dinamismo a la inversión y afectando el desarrollo urbano descentralizado.