Ante la preocupación manifestada por alcaldes y autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, el Ejecutivo confirmó que tramitará un proyecto de ley de carácter exprés con el objetivo de enmendar diversas deficiencias detectadas en la implementación de la nueva Ley de Seguridad Municipal, publicada en el Diario Oficial el pasado 11 de febrero.

La normativa busca dotar de un rol preventivo, coadyuvante y complementario a los municipios en materias de seguridad y prevención del delito. Sin embargo, el análisis técnico realizado por el gobierno —liderado en este flanco por el subsecretario y abogado experto en Derecho Público, Gonzalo Guerrero— determinó que la ley presenta nudos críticos que, de no ser resueltos de inmediato, podrían entrabar su aplicación práctica.

Entre las principales problemáticas identificadas por las autoridades figuran restricciones normativas relacionadas con los límites para la contratación de inspectores municipales y los procedimientos vinculados a la obtención de licencias de conducir.

Asimismo, desde el Ejecutivo advirtieron sobre un problema de arrastre reglamentario: existen múltiples disposiciones que condicionan su plena ejecución a la vigencia de los reglamentos asociados. Esto generaba un escenario paradójico donde, si bien la ley se encontraría vigente en el papel (en el derecho), en los hechos operativos no se podría aplicar de forma correcta.

Para solucionar esto, el subsecretario Guerrero sostuvo reuniones clave con jefes comunales y representantes de las asociaciones de municipalidades para sociabilizar el mensaje legislativo, el cual ingresará formalmente a través de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Desde el gobierno recalcaron que estas modificaciones corresponden estrictamente a ajustes de carácter administrativo orientados a otorgar plena eficacia y viabilidad operativa a lo que el Congreso ya consagró en la legislación, buscando así despejar los temores de los municipios de cara al despliegue definitivo de la ambiciosa normativa.