Durante las últimas horas, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) desistió iniciar un análisis sobre las denuncias presentadas desde Chile acusando violaciones a los derechos humanos en el marco del estallido social de 2019.

Se trata de una querella que interpuso la ONG Comisión Chilena de DD.HH., el ex juez Baltazar Garzón y la organización italiana CRED, donde solicitaban investigar por estos hechos al Presidente Sebastián Piñera, así como también a los ex ministros del interior Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel.

A la lista también se sumaba al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli; el ex subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla; y los ex ministros de Defensa Alberto Espina y Mario Desbordes; además del ex general director de Carabineros Mario Rozas y el presente general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

Sin embargo, según indicó El Mercurio, se determinó que "después de evaluar todos los antecedentes disponibles, (la CPI) descarta fundadamente que existan antecedentes sobre situaciones que puedan ser consideradas delitos sobre los que la Corte Penal Internacional tenga jurisdicción, concluyendo que las situaciones que le han sido comunicadas carecen del mérito necesario para abrir un examen preliminar de las mismas".

Con ello, desde la cartera, aseguraron que "sin perjuicio de lo anterior, el Estado de Chile reafirma su compromiso con la búsqueda de la justicia y con el trabajo que realizan la Oficina del Fiscal y la Corte Penal Internacional, y seguirá cooperando en todo lo que sea necesario y le sea requerido".