Nacional
Crónica
15/01/2022
Desde la entrada en vigencia de la Ley de Interrupción Involuntaria del Embarazo (IVE) en 2018 a la fecha, un total de 155 jóvenes y niñas se practicaron un aborto, de las cuales 130 lo hicieron bajo la causal de violación, según datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud.
En dicho periodo se registraron 2.774 embarazos que cumplían una de las causales. Sin embargo, 2.313 (83%) decidieron realizarse el procedimiento del aborto.
El registro estableció que la causal más frecuente fue, en 1.135 casos, la inviabilidad fetal, seguida por el riesgo materno (713) y por la violación (465).
Para acceder a la interrupción, la persona gestante debe manifestar expresamente y por escrito su voluntad. En tanto, para las menores de 14 años el aborto debe ser autorizado por un representante legal.
En caso contrario, la adolescente podrá solicitar la intervención de un juez que corrobore la pertinencia de la causal, dejando un plazo de 48 horas al respectivo tribunal para resolver la solicitud.
La directora del departamento de Filosofía de la Universidad de Santiago, Diana Aurenque, dijo que lo fundamental para estos casos es "detectar que la menor entiende lo que ocurrió, que esté recibiendo suficiente acompañamiento psicoemocional y apoyo de su familia", y que "ha ponderado las opciones y ha tomado la decisión de forma racional".
De esta forma, enfatizó en que "deben estar acompañadas de un asesoramiento plural", por parte de la sociedad civil y de organismos de mujeres.
Las estadísticas del Ministerio de Salud han arrojado que desde la implementación han practicado 80 abortos a niñas menores de 14 años.
Por lo anterior, Adela Montero, directora del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente de la Universidad de Chile, destacó que hay que contextualizar en el "embarazo por violación" y no "en el contexto de la interrupción del embarazo".
"Esas niñas son víctimas", y celebró que "al menos tengan la posibilidad de acceder a la interrupción del embarazo". Por lo que sostuvo que "deben generarse políticas para prevenir y pesquisar precoz y eficazmente la violencia sexual", en donde se implementen acciones de acompañamiento y reparación.
En Chile existe una norma que garantiza el acompañamiento durante un proceso de interrupción del embarazo que consta de diez sesiones psicológicas, cuatro con una trabajadora social y, de ser necesario, atención psiquiátrica.
De las 2.774 personas que optaron por interrumpir un embarazo, 2.313 recibieron el acompañamiento. En el caso de las menores de edad, el 81% de las que abortaron por la causal de violación optaron por el programa.
La psiquiatra del Hospital San Juan de Dios Verónica Truco señaló que la acogida de las mujeres que se enfrentan a estos casos "tiene que ser empática con todas las condiciones de una mujer y una mejor".
Mientras que Claudio Castillo, académico de Salud Pública de la Usach, destacó que la ley "contempla un acompañamiento integral para abordar las consecuencias emocionales producto de violación o violencia sexual", y también el que deben entregar los equipos de salud para que las víctimas tomen las decisiones que les den "más seguridad".
