La Agrupación de Regantes y pequeños agricultores denuncian irregularidades en la constitución de la nueva Junta de Vigilancia del Río Laja, el principal recurso hídrico de la Región del Biobío.

Según acusaron representantes de estos grupos, este proceso ha sido "poco inclusivo" y en su tramitación oficial no logró incorporar a todos los actores de la cuenca, por lo que solicitan realizar uno nuevo.

A esto se suma, de acuerdo a los estatutos que fueron presentados en la firma de constitución de la Junta realizada hace dos semanas en los Saltos del Laja, dudas respecto a los usuarios y las organizaciones de usuarios que estarían siendo representados en el 60 por ciento de derechos consuntivos superficiales declarados por la nueva organización.

Más aún, acusaron que no se conoce cuántos son los canales de riego que efectivamente firmaron el acuerdo y cuál es la fórmula que está aplicando esta nueva Junta de Vigilancia para llegar a ese porcentaje de participación de usuarios, considerando incluso los denominados "derechos eventuales".

Ante esta polémica, la nueva Agrupación de Regantes de la parte baja y los canalistas de la ribera norte del río que fueron excluidos del acuerdo, están exigiendo un nuevo proceso de participación efectiva y transparente de todos los usuarios y organizaciones de la cuenca, independiente de su tamaño o de los derechos que estos pudiesen representar.

Entre estas, se encuentran los canales: Matthei, Zañartu, La Aguada, Canal La Mancha, Canal Batuco y la Asociación Canal Claro, entre otros.

Considerando al Laja como el principal recurso hídrico de la provincia del Biobío y siendo un afluente importante que abastece incluso a la ciudad de Concepción, "la conservación del Río Laja merece una mirada integral de todas las variables ambientales y sociales, lo que no está siendo resguardado con la pretensión actual", manifestó Pedro Matthei, gerente del Canal Matthei.

LA PREOCUPACIÓN DE LOS PEQUEÑOS REGANTES

Según denuncian los afectados, la preocupación radica en que la Junta de Vigilancia que se pretende oficializar se está logrando organizar sólo con los usuarios más grandes, que son generadoras de la parte alta y canalistas de alto alcance, pero sin incluir a un número importante de bocatomas.

En estos últimos caso se da porque se han dejado fuera del registro de accionistas (como es el caso de lo sucedido con el Canal Batuco, cuyos derechos datan del año 1887) o porque no se ha hecho necesario llegar a acuerdo con las mismas, por no ser indispensables para alcanzar los quórum de constitución.

En este escenario, el grupo de usuarios de la parte baja señala que los estatutos propuestos vulneran los derechos de la mayoría de los canales de riego, en beneficio de una sola organización que actuaría de forma hegemónica en la operación de la cuenca y que hoy cuenta con el 46 por ciento de los votos; se trata de la Asociación de Canalistas del Laja (ACL).