Luego del colapso de distintas rutas del país producto de las movilizaciones de camioneros, el Gobierno informó el sábado que llegaron a un acuerdo con los gremios para deponer los paros y avanzar en una solución al conflicto.

Los puntos de consenso con los transportistas son siete en total. En primer lugar, en lo relacionado a la Ley de Migraciones, se acogió "plenamente y con urgencia" lo que demandaban, pues el reglamento se publicó en el Diario Oficial el sábado, lo que permite que entre en vigencia la normativa.

En segundo lugar, en la minuta se lee que "se decretará estado de excepción constitucional para el resguardo y control fronterizo de la Provincia del Tamarugal y las zonas fronterizas de las provincias, Arica, Parinacota y El Loa".

El tercer punto acordado es el fortalecimiento de las medidas de seguridad para la Macrozona norte, un "plan de intervención en barrios y rutas con mayor conflicto", que implica que Carabineros pondrá a disposición un plan especial para esos efectos. Sobre la plataforma aérea, "se incorporará vigilancia a través de equipos de drones (2), un nuevo helicóptero para control diurno, y un avión para el control nocturno, vigilando las zonas de desplazamiento de camiones en la carretera".

En cuanto a la plataforma terrestre, se incorporarán cinco nuevas radiopatrullas "para resguardo de rutas de camiones", y ocho motocicletas para cubrir sectores costerros y carreteros. Y el plan incluye además una capacitación de Carabineros en la nueva Ley de Migraciones, sobre todo lo referido a la "reconducción", que es el procedimiento mediante el que se puede reembarcar a un extranjero a su país de procedencia.

Asimismo, la PDI anunció el traslado de un contingente de refuerzo hacia la región, con 20 nuevos funcionarios para fiscalización. Se sumarán 12 vehículos para Antofagasta, tres para Calama y siete para Tocopilla.

Fortalecimiento militar y expulsiones

El cuarto punto en la minuta de la reunión tiene relación con el fortalecimiento de la presencia militar en la frontera, que será de un 30%, además de apoyo del personal de la Armana en la Aduana el Loa.

El quinto acuerdo es sobre los decretos de expulsión: "se realizarán expulsiones de ciudadanos extranjeros que hayan incumplido gravemente nuestra legislación o hayan cometido delitos en nuestro país, ya sean judiciales o administrativas durante el mes de marzo", se lee en el documento.

El punto seis habla de una sanción administrativa a la concesionaria "en virtud a los hechos acontecidos por incumplimientos en los contratos con el Ministerio de Obras Públicas". Finalmente, el Gobierno acordó una mesa de trabajo entre el MOP, los gremios y la concesionaria, "con la finalidad de mejorar los servicios y las medidas de seguridad de la concesionaria".

Los consensos se dieron a partir de una reunión en la que participaron el ministro del Interior Rodrigo Delgado, el subsecretario de la cartera Juan Francisco Galli; el subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia; el delegado presidencial en Antofagasta, Daniel Agusto; el prefecto general Claudio González, director (s) de la PDI; José Ortíz, subdirector de Inteligencia y Crimen Organizado de la PDI, y por parte de Carabineros, su director, el general Rodrigo Cerda; y el subdirector, general Esteban Díaz.

En tanto, en representación de los gremios, firmaron Juan Pastén, de Agreducam La Portada; Marco Marín, Víctor Molina y David Espejo de Agretoc Tocopilla; Pedro Sáez de Agreducam Antofagasta; Juana Araya de AGR Antofagasta, Marcelo Ayavire de Agretrans Calama; Carlos Hurtado de Agretran El Loa; Pedro Espinoza y Carlos Terrazas de Agreducam Calama; Lincoyán Bautista y Paola Aguilera de AGR Antofagasta; Jonathan Cortés de Asogretrans Antofagasta; Marianela Cifuentes de Agremutrans; Edwin Gallardo de CNTC- Asogretrans; y por la CNTC, Carlos Bretti y Constanza Bretti.