Comenzó la segunda etapa de la consulta indígena convocada por la Convención Constitucional, que consiste en la realización de los encuentros de debate de los pueblos originarios para opinar sobre una serie de derechos y principios que recogerá la nueva Constitución.

"Dimos inicio a la segunda etapa de la consulta indígena, levantada desde el espacio de la Convención, que tiene por objetivo dialogar, conversar, que los pueblos puedan en cada uno de sus territorios también deliberar y dialogar acerca de las propuestas de normas o qué esperan que en la nueva Constitución sea incorporado de los derechos de los pueblos indígenas", dijo la presidenta María Elisa Quinteros.

"Estamos muy contentas porque esta etapa va a ir gradualmente, hoy parten los hermanas y hermanos del pueblo rapanui y se va a ir aumentando cada uno de los pueblos, como una bola de nieve. Ya están todos los pueblos trabajando para dar respuesta en tiempo récord a una solicitud que hicimos para complementar la participación de los pueblos", aseguró.

En tanto, la coordinadora de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas, Margarita Vargas, declaró que "estamos viviendo un momento histórico, así que el llamado es a participar de estos encuentros que se van a desarrollar para que podamos deliberar, llegar a acuerdo y consensuar las propuestas de normas que queremos que queden en la nueva Constitución".

Las posibilidades son dos, según explicó el convencional Adolfo Millabur (pueblo mapuche), y una permite que los pueblos se reúnan sin intervención de la Convención y suban su información a la plataforma del órgano constituyente. "La forma autoconvocada es un proceso que ya partió hace rato. Lo de hoy es dar inicio a lo formal, que el poder constituyente, la Convención, a partir de hoy comienza a hacer las consultas en todo el país a través de los distintos órganos que han colaborado".

El presupuesto y los colaboradores

Sobre el presupuesto, Quinteros confirmó que se trata de $1.400 millones, y que el 40% de eso sería cubierto por la Convención; el otro 60%, por los gobiernos regionales a través de la "valorización" de locaciones y traslados que pueden ofrecer. En tanto, el número de personas que se necesitaría para realizar los encuentros en las próximas semanas es 203, según la presidenta.

El listado de esos colaboradores "no se va a hacer público, por reserva de identidad de las personas, no podemos individualizar a cada una de las 200 personas del país porque lo encuentro un poco riesgoso, es información sensible que no vamos a publicar", dijo Quinteros.

No obstante, luego rectificó que tenía pendiente una reunión con la Unidad de Transparencia de la Convención para definir de qué manera se haría aquello. Las personas responsables de la consulta tienen que capacitarse, lo que "va avanzando", de acuerdo con lo que afirmó la presidenta. "Estuve en algunas capacitaciones el fin de semana y se va avanzando en la capacitación, tenemos un coordinador territorial de pueblo, es el encargado de llevar la capacitación a cada una de las personas", aclaró.

El siguiente paso luego del proceso en el territorio es que la Secretaría Técnica de Participación y Consulta Indígena sistematice lo que opinaron los pueblos y los constituyentes de la comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad transforman aquello en normas o indicaciones para la propuesta de nueva Constitución. Esas propuestas las debe debatir y votar el pleno.