Nacional
Crónica
04/03/2022
El Ejército de Chile repudió las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares durante la dictadura de Augusto Pinochet, así como los obstáculos y cuestionamientos institucionales impuestos a las instancias de verdad, justicia y reparación que surgieron después de la transición a la democracia.
La institución castrense lo reconoció en el marco de su informe "Reflexión sobre las actuaciones del Ejército en los últimos 50 años", cuyo capítulo cuarto (Período 1973–1998: "Del gobierno cívico militar a los cambios institucionales en doctrina, derechos humanos y justicia") se dedica casi exclusivamente a las vejaciones cometidas por militares y agentes del Estado.
El capítulo inicia sosteniendo que "las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el periodo y en la que los miembros del Ejército tuvieron participación –ya sea como consecuencia de actos derivados de la obediencia debida, por el uso desproporcionado de la fuerza, por excesos individuales o bien por eventuales acciones fortuitas– fueron una profunda herida ocasionada al deber ser militar".
Por lo demás, reconoce que el que Pinochet permaneciera a la cabeza del Ejército después del regreso a la democracia causó que la institución no colaborara con las investigaciones, pues bajo su mando -por ejemplo- se emitió un documento que cuestionó que el informe Rettig "adolecía de la necesaria contextualización de las causas y de la situación previa que vivía el país al 11 de septiembre de 1973".
Incluso una vez que el dictador dejara el cargo, en la intervención castrense en la "Mesa de Diálogo sobre los Derechos Humanos" (1999-2000), se dijo que "la institución jamás propició una política de Estado destinada 'per se' a causar la eliminación de adversarios políticos del gobierno militar", incluso cuando "resultaba evidente que, durante ese periodo, especialmente en los primeros años, se produjeron violaciones en materia de derechos humanos las que deben ser objeto de la más enfática reprobación, considerando que nunca un pretendido bien común podrá justificar la violación de estos derechos".
El primer hecho condenado en el documento son los fusilamientos cometidos en el norte y sur del país por la llamada "Caravana de la Muerte", bajo el mando del general Sergio Arellano Stark, que "afectó gravemente a la Institución y que significó posteriormente que integrantes del Ejército en su mayoría de baja graduación jerárquica fueran procesados y condenados" al cumplir órdenes, pues de lo contrario, arriesgaban la vida.
"Las acciones del general Arellano fueron absolutamente ajenas y reñidas con un correcto ejemplo de amor a la patria y al Ejército, y menos tuvo consideración hacia los subalternos", sentencia el informe, recordando que además "Arellano no respondió jamás de lo que sucedió bajo su mando, ganándose el repudio de los afectados y de toda la institución".
También se da cuenta de la "detención de personas en todo el país por parte de personal de las Fuerzas Armadas y policiales, las que se ejecutaron en sus viviendas, vía pública o después de haberles requerido en 'bandos' que se presentaran en cuarteles militares y que fueron llevados a recintos castrenses y civiles", y se tilda como "reprochable que los detenidos hayan sido torturados, como lamentablemente ocurrió, y más aún el hecho que algunos hayan sido ejecutados sin que existiera un debido proceso judicial".
"Es también inaceptable, que no se hayan entregado los cuerpos a sus familias en todos los casos para que pudieran ser sepultados según sus creencias. Este aspecto, ha sido uno de los más determinantes en las imputaciones que se le hacen al Ejército, que hasta el día de hoy tienen los distintos organismos de derechos humanos", admite el informe.
Por otro lado, "también merecen el más enérgico repudio las acciones en las que estuvo involucrada la Dirección de Inteligencia del Ejército en la época", luego de que la Justicia comprobara que algunos de sus integrantes participaron "en los hechos que provocaron la muerte del líder sindical Tucapel Jiménez, ocurrida en febrero de 1982 y del químico Eugenio Berrios en noviembre de 1992".
Por otro lado, se dedican varios párrafos a los asesinatos de los comandantes en jefe René Schneider y Carlos Prats. Si bien el primer crimen ocurrió en 1971, durante el Gobierno del Presidente Salvador Allende y no en dictadura, se reconoce que "hubo participación de civiles y de militares en servicio activo y en retiro", y que "fue un triste y luctuoso hecho, muy doloroso y un agravio al ethos militar".
En cuanto al crimen de Prats y de su esposa, Sofía Cuthbert, quienes murieron tras la explosión de un artefacto instalado en su automóvil en Buenos Aires en 1974, se dice que "ha constituido también una gran vergüenza institucional, a pesar que fue realizado por un organismo de seguridad que no pertenecía al Ejército (la DINA), pero quienes resultaron condenados por la justicia en su mayoría pertenecían a la institución".
Citando a los ex comandantes en jefe Óscar Izurieta y Juan Miguel Fuente-Alba, que calificaron el atentado como "un acto del mayor deshonor" y una violación de "los principios que constituían el acervo moral de la institución", respectivamente, el informe asegura que estos dichos representan "la posición institucional ante situaciones tan aberrantes y que no tienen absolutamente ninguna justificación ni contexto al que se pretenda argüir".
Por lo demás, se reconoce una omisión institucional de actos que honraran la memoria de Schneider y Prats, que finalmente estos fueron homenajeados después de la transición a la democracia.
En las conclusiones del informe, el Ejército determina que "las situaciones que se vivieron durante el gobierno militar de violación a los derechos humanos no pueden minimizarse ni descontextualizarse, debido a que los militares están obligados en su actuar a respetar las normas y procedimientos legales", pero igualmente que "es injusto atribuir al Ejército en su conjunto, la responsabilidad por las distintas situaciones que han sido materia de investigación en los tribunales".
"Podemos establecer que el ethos militar fue afectado severamente cuando se violaron los derechos humanos en cumplimiento de las órdenes debido a que se dañó gravemente la confianza de los ciudadanos con el Ejército y la lealtad que debe existir entre superiores y subalternos", agrega el texto.
Finalmente, y sin perjuicio de las responsabilidades penales, remarca que el Ejército "aceptó la responsabilidad que le cabe en los acontecimientos relacionados con la violación de los derechos humanos, comprometió su apoyo al Poder Judicial en los casos que aún se investigan, porque tiene el deber ético y legal de hacerlo".
Otra de las materias abordadas en el documento es el fraude al Fisco efectuado por altos mandos de la institución, dentro del apartado cuatro del capítulo sexto, denominado "El fraude al Ejército, un durísimo golpe a la confianza y a la probidad".
"En el repudiable episodio del Fraude, algunos integrantes del Ejército dejaron de cumplir los principios y valores que la sociedad y la institución exige y demanda al personal militar, traicionando la confianza, faltando a la probidad, vulnerando los procedimientos dispuestos y dañando la fe pública", lamenta el escrito.
Reconociendo las múltiples aristas de este caso, que hasta la fecha tiene a tres ex comandantes en jefe procesados, la institución admite que esto "impacta fuerte y de manera muy especial al Ejército", y que "es innegable que esta situación dañó gravemente la imagen de la institución y la confianza que en ella tenía la ciudadanía".
El informe fue dado a conocer este lunes, fecha en que el general Ricardo Martínez renunció a la comandancia en jefe del Ejército, justamente tras ser citado a declarar como inculpado por presunta malversación de fondos.
