En casi un 300% se incrementaron las causas judiciales por delitos de violencia rural entre 2018 y 20202, según consigna un informe elaborado por el Observatorio Judicial y la Multigremial de La Araucanía.

El informe respecto a los delitos que afectan a la Macrozona Sur, detalla que en 2018 ingresaron 84 causas, en 2020 este número alcanzó los 321 ingresos, lo cual equivale a un incremento de 282%.

El 59,3% de estas causas corresponden a ataques incendiarios y se reportan nueve sentencias condenatorias asociadas.

El abogado José Miguel Aldunate, director de Estudios de Observatorio Judicial, señaló que “los datos analizados muestran la tendencia histórica de inefectividad del Estado en la conservación del orden público y persecución del delito en la zona del conflicto”.

“Sin embargo, en 2021 hubo un cambio de tendencia marcada por la declaración del Estado de Excepción y la mayor coordinación entre el Ejecutivo, el Ministerio Público y las policías. Los resultados judiciales de estos esfuerzos solo podrán evaluarse en propiedad a partir de este año, pero ya se observa un aumento considerable en el número de detenciones”, sostuvo.

El Estado de excepción constitucional de Emergencia por grave alteración de orden público en las provincias de Biobío, Arauco, Malleco y Cautín, está vigente desde el 13 de octubre de 2021. El martes el Congreso aprobó la décima prórroga para la medida que regirá hasta el 26 de marzo, permitiendo que Fuerzas Armadas colaboren con las policías para garantizar la seguridad de la zona.

”Es de esperar que el gobierno entrante persevere en el camino iniciado en 2021 y no regrese al estado generalizado de inefectividad observado con anterioridad”, señaló Aldunate.

Por su parte, Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial de La Araucanía, afirmó que las cifras del informe confirman a su juicio que “hay impunidad, hay falta de justicia”.

“Muchos dicen que no se puede hacer más de lo mismo y efectivamente no se puede hacer más de lo mismo. Lo que reclama la región es un mínimo de eficacia de las instituciones policiales y judiciales, ya que este conflicto nunca se va a resolver si aquellos que cometen delitos graves tales como asesinatos, quemas de propiedades y de medios de trabajo, no pagan como debe pagarse en cualquier sociedad democrática. Los delitos deben ser sancionados y los responsables castigados y eso es lo que no ha ocurrido nunca en La Araucanía”, aseguró.

El reporte además sostiene que de 93 causas ingresadas por delitos con calificación terrorista, solo cuatro cuentan con uno o más imputados formalizados, lo cual representa el 3,7% del total.

Del análisis particular de cada causa, se puede apreciar que aquellas que se encuentran formalizadas son las únicas que cuentan con uno o más imputados conocidos, mientras que en las causas restantes la acción penal se interpuso “contra quien resulte responsable”.