La defensa del ex comandante en Jefe del Ejército Ricardo Martínez ingresó un recurso de apelación ante la Corte Suprema para permitir que pueda declarar ante la magistrada Romy Rutherford acompañado de su abogado.

La acción judicial presentada por el defensor Juan Carlos Manríquez sostiene que la libertad del general se ve "amenazada" si no declara junto a él.

"A juicio de esta defensa, dicho riesgo procesal es patente y existe aún, toda vez que el citado deberá enfrentar un contexto y un interrogatorio en específico desconocido, sin contar al menos con los tópicos a que deberá referirse, debidamente conocidos con anterioridad en un plazo razonable", se lee en escrito.

En el escrito expone que el que el ex comandante en Jefe del Ejército, al momento de ser interrogado, podría no manejar sus dichos: la declaración se daría "sin estar entrenado para saber si está ante preguntas ilegales, sugestivas, cerradas, impertinentes, o reiteradas, que por ello se pueden volver engañosas al tratar de obtener otras respuestas, o que no digan relación temporal o materialmente con la competencia y objeto de la indagación y su marco cronológico, siempre redundará en perjuicio del declarante y afectará y amenazará su libertad como garantía del artículo", sugirió.

La ministra en visita, Romy Rutherford, rechazó anteriormente esta solicitud bajo el argumento de que las declaraciones sin defensores forman parte del sistema judicial bajo el cual se lleva la causa.

El uniformado, que renunció a la Comandancia en Jefe del Ejército el 2 de marzo, debía presentarse al día siguiente para ser interrogado por la magistrada por supuesta malversación de fondos públicos en la compra de pasajes aéreos, que podrían haber sido usados por familiares de militares.

Casi dos horas más tarde de la hora inicial de la citación ante los tribunales, Martínez presentó un "recurso de reposición" insistiendo en su petición de ser interrogado en su casa y en presencia de un abogado, algo que no está contemplado en la Justicia militar.

Por tres votos a favor y dos en contra, la Corte Marcial acogió parcialmente lo alegado por la defensa del ex alto oficial y le permitió declarar en su domicilio, pero rechazó que lo hiciera acompañado de su defensor.

También se pedía que la magistrada no pudiera dictar una orden de detención contra el ex comandante en jefe por no presentarse ante el tribunal, lo que fue desestimado.

El interrogatorio, que podría desembocar en su imputación, forma parte de la trama "Milicogate", un entramado de corrupción por fraude y desviación de fondos públicos perpetrados por altos cargos del Ejército de Chile.

La dimisión de Martínez se produjo una semana antes de dejar oficialmente el cargo el 9 de marzo, y 10 días antes de que tomara posesión el Presidente Gabriel Boric.

Le sustituyó el general Javier Iturriaga, nombrado el pasado noviembre por el entonces Mandatario Sebastián Piñera.