Este sábado 26 de marzo finaliza la prórroga del estado de excepción en la macrozona sur, medida que se mantiene vigente desde octubre de 2021 y que no se renovará por decisión del Presidente Gabriel Boric.

Hasta la fecha, se han desplegado más de 2 mil efectivos militares, quienes junto a Carabineros y la PDI han realizado más de 70 mil controles. La última de las diez prórrogas aprobadas se aprobó el pasado 8 de marzo, a sólo días de que asumiera la nueva administración.

La decisión del Ejecutivo se ha mantenido, pese a las presiones que emergieron desde el Parlamento tras la fallida visita de la ministra del Interior, Izkia Siches a la zona, luego de sufrir un ataque que involucró disparos al aire cuando intentaba ingresar a Temucuicui.

En medio de ese contexto es que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), llegó anoche a La Araucanía para continuar con la agenda que ha impulsado el Gobierno, incluyendo las soluciones que se tomarán en materia de seguridad para la zona, a horas de que finalice la estado de excepción. Esta mañana, y tras reunirse con el gobernador, Luciano Rivas, el subsecretario adelantó que buscarán "fortalecer las capacidades de las policías", sin embargo descartó entregar más detalles, a la espera de reunirse con alcaldes de la zona.

En paralelo, afirmó que el Gobierno "será perseverante" en el camino del diálogo político, y no descartó abordar temas como "las demandas territoriales y la reorganización de la presencia de la actividad empresarial de la región".

Gremios lamentan decisión y piden medidas concretas

"Una respuesta robusta y que garantice la seguridad de los habitantes de mi región". Esa fue la petición que hizo el gobernador Rivas al Presidente Gabriel Boric a través de una carta pública donde aborda la decisión del Gobierno de no renovar el estado de excepción.

Según detalla en la misiva, en los últimos años la región ha sufrido cerca de 3.500 atentados y la pérdida de 51 vidas inocentes: "chilenas, mapuches y no mapuches, víctimas de un conflicto que el Estado debió haber solucionado hace muchos años". Por otro lado, distintas organizaciones y gremios han lamentado la decisión y piden propuestas concretas por parte del Estado, ante el temor de que los hechos de violencia aumenten, incluyendo tomas de predios o reinvidicaciones territoriales.

Así, desde la Multigremial Nacional señalaron que "es inexplicable y peligroso que el Gobierno haya descartado ampliar el Estado de Excepción en la macrozona sur, especialmente luego de los hechos violentos en que se vio involucrada la propia ministra del Interior durante su visita a La Araucanía". "(Con) esta decisión están quedando desprotegidas miles de familias inocentes, agricultores, transportistas y trabajadores forestales, que han sido las principales víctimas del terrorismo estos últimos años", añadieron.

Por otra parte, desde la Asociación para la Paz y Reconciliación en La Araucanía (Apra Chile) plantean que si bien el territorio no debió haber llegado a un estado de excepción por hechos de violencia, lamentan que se retire la medida y recalcan que "el Estado ha fallado" en todos sus poderes. "Siempre dijimos que si tienen una propuesta distinta, bienvenida, probémosla, pero este Gobierno no trae ninguna propuesta a las víctimas.

Vemos que se están dando libertades a quienes han cometido hechos de violencia tras el 18-O", indicó Francisco Alanis, presidente de Apra. Asimismo, frente a la inseguridad que se vive en concreto en la zona, remarcó que "vivir en La Araucanía significa que sales a un camino y no sabes si tus equipos a final del día van a estar operativos o quemados. Detrás de esta violencia hay narcotráfico, no hay ninguna duda, y quienes tienen capturado el territorio son narcotraficantes.

¿Qué hacemos con eso? hay cero inteligencia, cero prevención". Por eso, afirmó que el estado de excepción vino a concretar un apoyo a la labor policial, y si advirtió que su fin "va a ser un ir y venir de armas y drogas, y por lo tanto, va a llegar un minuto en que con ninguna condición que quiera instalar van a poder hacerle frente a esto".

Ahora bien, quienes también han insistido en contar con un plan de seguridad más concreto son los representantes del mundo del agro, quienes temen que la disminución de patrullajes preventivos y el trabajo conjunto entre militares y carabineros pueda propiciar el aumento de las tomas de predios o "recuperaciones territoriales".

"Como gremio siempre seguiremos abiertos a todas las instancias de diálogo, pero nos hubiese gustado tener un plan más concreto, de seguridad, porque no todos quieren dialogar", afirmó Sebastián Naveillán, presidente de la Asociación de Agricultores Victoria-Malleco.