Un total de $6.708,25 millones fue el monto aprobado para la primera etapa de funcionamiento de la Convención Constitucional en el marco de la tramitación de la Ley de Presupuestos del año 2021. La suma de dinero cubre los primeros siete meses de funcionamiento del órgano constitucional, entre junio y el 31 de diciembre de 2021.

A fin de año, se deberá aprobar otro para sus meses restantes de trabajo. De todo lo que se ocupará en la Convención, el único ítem definido por ley es la dieta mensual que recibirán los constituyentes, que se estableció en 50 unidades tributarias mensuales en la Ley N° 21.200.

A diciembre de 2021, el valor de la UTM estaba en $51.029, lo que genera una retribución mensual por representante de $2.624.442 . Si se multiplica por los 155 convencionales, mensualmente equivale a $406.788.542. Por ello es que para los primeros siete meses se consideró en este ítem un total de $2.847,52 millones correspondientes a 2021.

Los demás valores asignados "están sujetos a lo que disponga el presupuesto fiscal y a las normas que se aprueben en el reglamento de la Convención Constitucional, el que se debe sancionar una vez que la convención inicie actividades", se señala en un resumen de los antecedentes y el presupuesto fiscal 2021 alojado en la Biblioteca del Congreso Nacional.

En la Ley de Presupuestos de 2021 se señala explícitamente "que los recursos destinados al financiamiento de la Convención podrán ser suplementados de acuerdo a las normas de flexibilidad presupuestaria".

La mayor parte del presupuesto aprobado para 2021 corresponde a "gastos en personal", lo cual equivale al 56% del total. En él se incluye la retribución de los convencionales ya descrita y una suma de $938,4 millones de pesos para el pago de remuneraciones de 32 personas naturales que constituirán las secretarías técnica y de apoyo vía convenios.

En total se destinaron para este subtítulo $3.753,33 millones. También se aprobó un total de $1.907,46 millones para "transferencias corrientes", que incluyen $1.407,46 millones destinados a "financiar las asignaciones que se establezcan en el reglamento" —entre ellas las asesorías a cada constituyente— y $500 millones destinados a financiar la participación ciudadana y la difusión que defina para sí la misma Convención Constitucional.

Se incluyó, además, un presupuesto para habilitar los recintos que recibirán al órgano constitucional, que serán el Palacio Pereira y el ex Congreso Nacional. Para ello se aprobaron $854,66 millones. Fue la Comisión de Régimen Interno de la Cámara de Diputadas y Diputados la que definió ceder parte del edificio parlamentario en Santiago para la Convención, donde operarán secretarías, comisiones y otras labores.

El Palacio Pereira, en tanto, funcionará como "edificio auxiliar" para los servicios, comisiones y la secretaría técnica. Un monto de $192,8 millones fue asignado a "bienes y servicios de consumo".

Se señala en la glosa que estos recursos se destinarán a la instalación y funcionamiento de la Convención y que estarán disponibles inmediatamente cuando se instale la instancia, a solicitud de quien la presida o del organismo que el reglamento determine posteriormente que estará a cargo de la entidad. Las solicitudes deberán tramitarse con "especial celeridad" y la Segpres deberá elaborar reportes mensuales sobre las solicitudes efectuadas por la Convención, su tiempo de tramitación y la ejecución de los recursos.

Se indicó, además, que los recursos destinados al financiamiento de la Convención podrán ser suplementados de acuerdo a las normas de flexibilidad presupuestaria. Desde la Segpres ya se ha reconocido que, por ejemplo, el monto asignado a la contratación de personal de apoyo dentro de los $1.5 millones mensuales destinados por cada convencional en materia de asignaciones probablemente variará y la modificación dependerá de la decisión que tome al respecto el propio órgano constituyente.

Debate por más recursos

En las reuniones que viene sosteniendo un grupo de convencionales que ha fluctuado entre los 60 y 90 representantes —en su mayoría independientes y militantes de izquierda y centroizquierda, además de los de escaños reservados— el tema presupuestario ha salido al debate en más de una ocasión.

El respecto, uno de los consensos ha sido el de revisar las licitaciones que la Segpres ha conducido en los últimos meses para la Convención, luego de que Ciper diera a conocer el resultado del proceso que adjudicó la seguridad de la instancia a una empresa perteneciente a un ex miembro de la guardia presidencial de Augusto Pinochet y posteriormente de Patricio Aylwin por un monto similar al asignado a participación ciudadana.

También se ha planteado la necesidad de ajustar el presupuesto para asignaciones, el que será utilizado para contratar al equipo de trabajo de cada constituyente. Según cálculos propios, los convencionales creen que necesitarán trabajar con tres personas, que con el presupuesto actual recibirían cerca de $500 mil mensuales y atentaría contra "el derecho humano de recibir un sueldo digno" de estos trabajadores, aseguraron.