La mesa directiva de la Convención Constitucional (CC), encabezada por la presidenta María Elisa Quinteros y el vicepresidente Gaspar Domínguez, entregaron un nuevo reporte sobre el avance del órgano en la última semana.

Según indicaron, hasta la fecha existen aprobadas más de 190 normas, las que están incluidas en el borrador de nueva Constitución.

"Esto significa que ya han completado todo el proceso de tramitación, el cual requirió revisiones y votaciones, tanto en la comisión de origen como en el pleno”, dijo Quinteros.

“De todas estas normas aprobadas, tenemos algunas que son muy significativas y que marcan una clara diferencia respecto a la actual Constitución, la cual estamos mandatados a cambiar”, añadió.

Con ello, destacó el primer artículo donde se establece que "Chile es un Estado social y democrático de derecho, plurinacional, intercultural y ecológico”.

“Esto marca un cambio y un avance muy relevante, respecto de lo que tenemos en la actualidad, porque permite ir dejando atrás el Estado subsidiario que hoy tenemos, el que solo participa en la economía cuando los privados no quieran o no pueden hacerlo”, aseguró.

Quinteros ejemplificó que con esta propuesta se podrían fortalecer los "servicios y asegurar derechos considerados esenciales para mantener una vida digna (...) Esto se concreta en la garantía de estándares mínimos de salud, educación, alimentación, entre otros, con una perspectiva de derechos, basados en la dignidad, igualdad y no discriminación”.

"INFORMACIONES ERRÓNEAS"

La presidenta del órgano también hizo énfasis en la información que ha circulado sobre eventuales aprobaciones, indicando que diversas afirmaciones son "erróneas", "inexactas" o "falsas".

"Dicen que se habría prohibido la subcontratación o contratos a honorarios en la Constitución, esto no es cierto, porque esa norma no ha sido vista ni aprobada en el pleno".

Por su parte, el vicepresidente Gaspar Domínguez, hizo referencia al capítulo de Sistemas de Justicia.

"Se ha dicho que tendríamos varios sistemas de justicia y que los pueblos originarios tendrían un sistema aparte a todos los chilenos y chilenas y que podría constituir un privilegio. Esto no es así, no es un privilegio", aseguró.

En esta línea, replicó que "lo que hace la norma aprobada es establecer una posibilidad de considerar un respeto de las propias formas de resolver los problemas de estos pueblos y con un acceso a la justicia con pleno respeto a los derechos humanos".

Sobre los límites, indicó que "se establece en esta misma norma que la última palabra para resolver conflictos la tendrá la Corte Suprema".