El Senador Enrique van Rysselberghe, emplazó al Gobierno a tomar una posición clara frente a los grupos terroristas que operan en la macrozona Sur, luego de que el Subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, asegurara que el ejecutivo no se querellará contra Héctor Llaitul por su llamado a la resistencia armada ante el decreto de estado de excepción en la Araucanía y las provincias de Arauco y Bio Bio.

Van Rysselberghe señaló que “frente a la crisis de seguridad que se vive en la Macrozona sur, es necesario que de una vez por todas, el Gobierno fije una posición clara y un criterio definido para enfrentar esta problemática”, ya que, a su juicio, las autoridades han tenido una serie de declaraciones contradictorias y erráticas.

 

El mejor ejemplo de esto es el caso de la Ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega, quien en los último días a contradecido abiertamente las definiciones del Gobierno.

“Primero, asegura que en Chile hay presos políticos relacionados a la causa mapuche, cuando el propio presidente Boric lo ha negado; luego afirma que es un error decretar estado de excepción en la macrozona sur, cuando el Gobierno toma esa medida; y ahora, nos enteramos que la querella contra Héctor Llaitul que anunció el fin de semana, no se concretará”, detalló el parlamentario por la región del Bio Bio.

 Para EVR “estas contradicciones sólo demuestra que al interior del Gobierno no existe una posición unánime de condenar y combatir la violencia relacionada a la macrozona sur y donde diversas autoridades, como la ministra Vega, tienen la tendencia a justificar actos que son delictivos, lo cual no es compatible con el desempeño de un cargo ministerial”.

Es por lo anterior que el legislador UDI pidió al ejecutivo “que fije una posición única y clara para combatir a la violencia y a los grupos armados en la macrozona sur y que esa postura sea apoyada activamente por todos su ministros y funcionarios, y aquellos que no lo están, entonces deben abandonar el Gobierno”.
Finalmente, el senador van Rysselberghe pidió al Gobierno que ejerza a la brevedad posible todas las acciones que la actual legislación vigente le otorga para perseguir a los grupos violentistas, sus líderes y todos aquellos que por métodos violentos y armados quiere generar un división territorial en el país.

Van Rysselberghe presenta proyecto de ley para tipificar el delito de llamado a la resistencia armada

El Senador por la Región del Biobío, Enrique van Rysselberghe, ingresó un proyecto de ley al Senado de la República para tipificar como delitos en contra de la seguridad interior del Estado el llamado a la resistencia armada, la fragmentación territorial y las declaraciones unilaterales de territorios autónomos.

A juicio del Senador van Rysselberghe, “se necesita tipificar en nuestro ordenamiento las conductas graves que induzcan a la fragmentación del territorio nacional o busquen las autonomías territoriales, así como quienes inciten o fomenten la resistencia armada o violenta en contra de toda autoridad”, en directa referencia a las declaraciones realizadas por el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul.

Para EVR, esta reforma legal es necesaria ya que “tenemos un gobierno timorato, que duda en interponer querellas ante llamados a la insurrección armada, por lo que debemos generar las herramientas legales que permitan perseguir a quienes quieren usar la vía violenta para dividir a Chile”.

Además, van Rysselberghe señaló que “el gobierno anunció el lunes pasado que pedirá al Ministerio Público un fiscal especial para investigar a las organizaciones criminales de la macrozona Sur, lo que refuerza la necesidad de tipificar nuevos delitos que permitan mejorar la capacidad investigativa de estas organizaciones delictivas”. 

 

De la misma forma, el senador gremialista afirmó que “el proyecto de ley también modifica la Ley de Seguridad Interior del Estado para permitir que los delegados presidenciales, provinciales, gobernadores regionales y alcaldes, puedan denunciar o presentar las querellas respectivas son respecto de delitos cometidos en sus territorios” facultad que hoy es exclusiva del Presidente de la República.

Según van Rysselberghe, esta modificación es fundamental ya que “permitirá que las autoridades regionales, provinciales y comunales presentar querellas por la Ley de Seguridad Interior del Estado frente a delitos ocurridos en sus territorios, sin esperar que sea el presidente quien tome la iniciativa”, lo que permitirá que el Ministerio Público avance en las investigaciones de manera rápida y expedita.