El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Hernán Frigolett, afirmó que en su gestión la querella será "un instrumento que tendrá un aumento de utilización" para reducir la evasión y elusión, lo que va en la línea de uno de los objetivos principales en materia tributaria: tener una una evasión del 14 por ciento al final del Gobierno.

El nuevo líder del SII indicó que buscan también alcanzar la meta planteada de 1,6 por ciento del PIB en cuatro años: "soy optimista y creo que lo vamos a poder lograr. Será un proceso", detalló el director de este servicio público, designado hace cerca de dos meses por el Presidente Gabriel Boric.

"Nos vamos a ir aproximando a tener en 2025 una recaudación del 1,2 por ciento del PIB y dejar el camino trazado para que en 2026 se siga avanzando y lograr el 1,6 por ciento del PIB", adelantó Hernan Frigolett, que además afirmó que "debemos tener un objetivo del 0,4 por ciento del PIB por año".

"Con el equipo que tenemos y con las capacidades que están instaladas en el SII no deberíamos tener problemas para ir en una progresión que nos permita llegar al final del mandato de esta administración con una reducción importante de la evasión y elusión", destacó.

En esta materia, Frigolett explicó que el objetivo de la cual administración es "empatar nuestro récord histórico, y pasar del orden del 20 por ciento actual a una evasión del 14 por ciento al final del Gobierno", advierten de todas maneras que "recién ahora estamos procesando la información del año pasado" y que es probable que "suba nuevamente sobre el 20 por ciento".

"Los países de la OCDE están en un nivel de evasión para el IVA que debe estar en torno al 10 por ciento; los países que mejor lo hacen están con una tasa del 8 por ciento, los que medianamente lo hacen bien están en el 12 por ciento, entonces tenemos que tratar de apuntar a aproximarnos a esos valores", advirtió el economista.

IMPLEMENTACIÓN DE QUERELLAS

Con la implementación de querellas, Frigolett marca una diferencia con su antecesor en cargo Fernando Barraza, quien aplicó la denominada "doctrina Escobar", que señala que los casos de financiamiento irregular se deben considerar como gastos rechazados, aplicar multa y no perseguir penalmente.

"Tenemos un mandato de reducir la evasión y elusión, por ello debemos ejecutar acciones que tengan un doble propósito", dado que además de recaudar deben "instalar que el costo de evadir y eludir aumentó", por lo que -argumentó al medio antes citado- "probablemente nuestra acción estará complementada también en el ámbito judicial".

"Se nos está pidiendo hacer una contribución mucho más sustantiva para reducir la evasión y controlar la elusión. Para eso tenemos que utilizar las herramientas que sean más intensivas para inducir conductas colaborativas y obviamente atenuar las conductas tributarias que sean más agresivas", detalló.

Ante esto, apuntó que "indudablemente la querella pasará a ser un instrumento que tendrá un aumento en su utilización, pero también tenemos la obligación de hacer una mejor fundamentación de los casos en los cuales nos vayamos a querellar".

"Tenemos que estar muy seguros que nos va a ir bien cuando se presente esa querella. Debemos ser muy transparentes para que los casos de alta connotación se respalden bien", detalló quien se desempeñó como Tesorero de la República durante el Gobierno de Michelle Bachelet, detallando también que "en ese sentido, nos obliga a tener muy claro los fundamentos que están detrás de una decisión de ese tipo".

DETALLES DE LAS POSIBLES ACCIONES JUDICIALES

En cuanto a cómo se puede llegar a una acción judicial de este tipo, Frigolett explicó que "siempre se empieza por la vía administrativa, porque estamos haciendo una fiscalización del cumplimiento tributario. Si en ese camino descubrimos que hay delitos, obviamente tenemos que pasar a la instancia de la querella, para resarcirnos financieramente y recuperar los impuestos no pagados".

"Vamos a ser bastante más incisivos desde el punto de vista de las figuras delictuales y presentar querellas para tener las sanciones que amerita un caso de delito. Lo que queremos es que haya una imagen clara de que el no cumplimiento tributario tiene un costo económico, administrativo y reputacional", puntualizó en diálogo con el medio antes citado, afirmando también que le parece que esta imagen no estaba presente en SII.

El líder del Servicio de Impuestos Internos, ante este cambio de criterio, señaló que están pidiendo que "se incrementen las penas para que tengamos un resultado económico, pero también penal y carcelario. Eso está en reforma y vamos a ver si nos entregan esas herramientas para que se instale en la sociedad que hay que cumplir con la obligación tributaria".

Finalmente, sobre si considera que los financiamientos irregulares de la política son delito, Frigolett señaló que para definir eso "tendría que saber el detalle de cada uno de esos casos", aunque aseguró que estas situaciones "no eran sólo un problema tributario, sino que político" que requirió una solución integral: "lo que tenemos que procurar ahora es que eso no vuelva a suceder", cerró.